No cabe duda que los conflictos ambientales y sociales que generan las transnacionales en Guatemala, con sus intereses extractivos, son peligros que se agigantarán paulatinamente al grado de que mucha sangre adicional se derramará a raíz de los macrointereses irracionales de dichas empresas y de quienes venden el país.
Los arreglos que estas empresas han realizado con los gobernantes de turno y sus achichincles: ministros; diputados; directores generales; asesores; secretarías generales; etcétera, son sorprendentemente inmorales. La voracidad -en las dos vías- es literalmente insaciable y arrasan abusivamente con la tierra y poblados que en ella se encuentran, sin el mínimo respeto o actitud que se relacione con la ética.
Lo terrible es que ésta es una práctica que anteriormente se desarrolló por toda Latinoamérica y que se extendió hacia Guatemala, en donde las leyes se han acondicionado para favorecer al invasor, como en las prácticas de la Colonia. Los neoconquistadores simplemente asolan. Ricardo Cifuentes Villarroel del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), en «Globalización», Revista Mensual de Economía, Sociedad y Cultura (Número de agosto-septiembre de 2006), escribió lo siguiente: «El proceso está marcado por la entrega abierta de territorio, exenciones tributarias, facilidades en las concesiones de aguas y de explotaciones mineras, servicios baratos generalmente provistos por fondos públicos, desprotección de la fuerza de trabajo, del medio ambiente y de la salud y el modus vivendi de muchas comunidades. Este proceso se está dando de modo similar en diferentes países latinoamericanos, conformando en algunos casos verdaderos modelos de operación, donde las transnacionales, con una inversión mínima se llevan recursos de enorme valor, dejando un saldo de contaminación y destrucción del medio ambiente y un empeoramiento de las condiciones económicas y de salud de las poblaciones afectadas directa o indirectamente por su accionar.»
Los pioneros más ampliamente conocidos en disponer antojadizamente de los activos del Estado y del pueblo y regalar el oro de Guatemala, son los ex presidentes ílvaro Arzú Irigoyen y su compañero í“scar Rafael Berger Perdomo, quienes no están prófugos sino viven con toda comodidad en Guatemala, sin que la prensa alineada con los dueños del país, siquiera los mencione, menos aún pedirles cuentas públicamente a gritos, como lo hacen con Portillo y lo harán, casi con seguridad, con Colom y su familia cuando éste termine su período presidencial.
Pero el juego que se traen los vende patrias con las transnacionales es más peligroso. Frente a esta embestida de los actores que operan en el ámbito de la extracción de recursos naturales, los gobiernos anteriores no hicieron la inversión imperiosa en educación, salud, capacitación, ciencia y tecnología para crear capacidades orientadas a la obtención de un potencial valor agregado dirigido a un «desarrollo hacia adentro». Más bien, las nuevas promociones de profesionales pasan a constituir otro aporte guatemalteco al éxito de la inversión extranjera, soslayando los intereses nacionales, al entrar plenamente al juego de la «competitividad» de los países, medida en términos del crecimiento de las exportaciones de las empresas transnacionales y su «libre mercado».
La inversión social es urgente e indispensable en Guatemala. Es forzoso el inicio del desarrollo hacia adentro.