Antes de entrar en materia, debo confesar que, motivado por prejuicios, durante la campaña electoral anterior me irritaba que reporteros de La Hora entrevistaran con frecuencia al personaje que mencionaré líneas posteriores, cuando se abordaba el caso de la abortada candidatura presidencial de la señora Sandra Torres, y todo por haber sido ministro de Economía del fallecido autoritario Carlos Arana Osorio, utilizando de mi parte la falacia ad homimem, es decir, desvalorizando en mi fuero interno sus argumentaciones mediante el envenenamiento de la fuente.
Afortunadamente no compartí con nadie esos intolerantes pensamientos, sobre todo porque me retracté íntimamente al leer con sensatez sus razonamientos, que lograron convencerme a raíz del divorcio por conveniencia de la Primera Dama, tipificando el delito como fraude de ley.
Traigo a cuento lo anterior a propósito del enjundioso análisis que el abogado Carlos Molina Mencos expuso en páginas de La Hora el pasado martes, por medio de documentada, lúcida y pormenorizada exposición en torno a lo que el vespertino titula en dos páginas “10 reparos en (el) contrato de la Empresa Portuaria Quetzal”, con la Terminal de Contenedores Quetzal, subsidiaria de una compañía española, cuya negociación ha sido ásperamente criticada por representantes de la mayoría de sectores, independientemente de sus posiciones ideológicas, y diferencias económicas y sociales, fundamentalmente por el sigilo del procedimiento.
He procurado leer con detenimiento los argumentos esgrimidos por numerosos analistas económicos y políticos que coinciden en lo que incumbe a criticar la inusitada celeridad con que se celebró el llamado contrato, que no es más que una concesión, de acuerdo con los desapasionadas explicaciones de expertos en la materia; pero, para ser absolutamente franco, debo admitir con plena honestidad que la más valiosa y rigurosa recapitulación ha sido la vertida por el abogado Molina Mencos, quien haciendo derroche de conocimientos jurídicos, ofrece una brillante e ilustrativa investigación, para demostrar fehacientemente que todo lo actuado está plagado de evidentes ilegalidades y hasta inconstitucionalidades.
Tanto yo como otros colegas columnistas que no somos expertos en Derecho Administrativo le hemos solicitado con más amabilidad que acritud al Presidente que ordene la anulación de ese sombrío negocio, no sólo en defensa de los intereses nacionales y de la soberanía de Guatemala, sino en su propio beneficio político, para que no vaya a quedar manchado para el resto de sus días como el gobernante que traicionó varias de sus promesas electorales, entre ellas la de proceder con transparencia durante su gestión, y de entregar sin el menor recato una porción del territorio guatemalteco.
Pero el mandatario se niega a escuchar consejos de buena fe de analistas, periodistas de opinión y hasta de sus propios aliados de la cúpula empresarial, que advierten sobre la opacidad de la perversa negociación, empecinándose en ratificar esa ilegal concesión, y de ahí que avisó que hoy mismo anunciaría que “No hay marcha atrás en el usufructo” concedido por 25 años a la compañía española.
Aunque es inútil sugerirle al presidente Pérez Molina que lea el documento mediático del jurista Molina Mencos -a quien no se podría calificar de perturbador izquierdista o populista opositor a la inversión extranjera ni nada por el estilo-, por lo menos sus asesores y abogados de la Secretaría General de la Presidencia deberían examinar con diligencia ese demoledor texto, para aconsejar a su jefe sobre la inconveniencia del sucio negocio.
Presumo desde ahora, que los razonamientos del jurisconsulto Molina Mencos servirá de base fundamental para argumentar la más que segura acción de inconstitucionalidad que será planteada en un futuro inmediato.
(Cierto asesor presidencial, le aconseja al lustrador Romualdo Tishudo:-Aquí no vayás a robar algo; hay funcionarios que odian la competencia).