El presidente Juan Manuel Santos declaró hoy que no tomará partido por el destituido alcalde de Bogotá Gustavo Petro, que informalmente ha pedido que el mandatario deje sin efecto la sanción que le impuso la Procuraduría General, un fallo que ha generado una tormenta política por tratarse del gobernante de elección popular más importante después del jefe de Estado.
El Ministerio de Justicia ha dicho que al mandatario sólo le queda respetar y acatar la decisión del procurador general, Alejandro Ordóñez.
«No voy a tomar partido ni a favor ni en contra del alcalde ni del procurador; tomaré partido por la institucionalidad», dijo Santos en una entrevista con la radio La W al ser consultado sobre la reiterada demanda de Petro en torno a que por normas constitucionales sólo un jefe de Estado puede destituir al alcalde de Bogotá.
«Yo no tomo partido… (pero) si la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) le dicta medidas cautelares (al alcalde) estoy obligado a cumplirlas», añadió el mandatario.
El presidente Santos y el alcalde se reunieron en la casa de gobierno por más de una hora y a la salida Petro indicó a reporteros que el mandatario le ratificó que acataría cualquiera fuera la decisión de una instancia internacional sobre su caso.
«El presidente a lo que se ha comprometido es a que cualquiera que sea el desarrollo de este proceso y sus decisiones, serán respetadas por el Estado colombiano y eso era lo que yo quería oír de su boca», dijo el alcalde.
Petro, un exsenador y exguerrillero de 53 años, fue sancionado el 9 de diciembre por la Procuraduría General que lo destituyó del cargo y le prohibió hacer política por 15 años por cambiar por decreto el sistema de recolección de basura de la ciudad en diciembre del año pasado, lo que generó por tres días un desorden y reguero de bolsas de desperdicios.
El fallo es apelable ante la misma Procuraduría y hasta que sea ratificado Petro sigue al frente del gobierno de la que, con ocho millones de habitantes, es la mayor ciudad de Colombia.
En la jornada las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que mantienen negociaciones de paz con el gobierno Santos desde fines de 2012 en La Habana, insistieron que con su decisión el procurador Ordóñez» ha pretendido dinamitar anticipadamente el espíritu y los alcances del punto dos sobre participación política» de los rebeldes en caso se dé un abandono de las armas y que es el tema que actualmente discuten las dos delegaciones.
«La aparente complacencia del jefe del Estado con tal decisión del anacrónico jefe del Ministerio Público, manda señales equívocas que ponen de presente los dobles discursos» del oficialismo, añadió la guerrilla en un comunicado en que trataron varios asuntos y que fue divulgado en su página oficial de las negociaciones.
Desde la decisión de la Procuraduría, que en Colombia es una instancia facultada constitucionalmente para imponer sanciones administrativas no penales, Petro ha insistido en que su fallo se trató de «un golpe de Estado».