«El ejército de Rí­os Montt mató a más de 200 mil civiles en Guatemala entre 1978 y 1983», tituló el diario español El Mundo, refiriéndose a la entrega del Plan Sofí­a a Santiago Pedraz, juez español que investiga el genocidio en el paí­s.

La publicación hace referencia a que Kate Doyle, profesora y directora documentalista del Archivo de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, entregó a Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional de España; el material inédito en el que se recogen las órdenes del Ejército para ejecutar a la población civil.

Según la nota de prensa, los documentos corresponden a Plan Sofí­a, como los militares guatemaltecos lo denominaron, y que fue ejecutado entre el 15 de julio y el 19 de agosto de 1982.

«ILEGíTIMO»

Francisco Palomo, abogado defensor de Efraí­n Rí­os Montt, comandante general del Ejército y Presidente golpista entre 1982 y 1983 calificó la publicación de El Mundo como: «falsa», «amarillista» y «sesgada».

«Si eso dice (la publicación) es algo totalmente falso, no hay Ejercito de Rí­os Montt sino de Guatemala; y no es cierto que en los planes Sofia aparezca el nombre del General (Rí­os Montt); esa es una noticia amarillista, sesgada y pagada por grupos izquierdistas que desean hacerle daño a Guatemala y al Ejército», opinó el abogado.

Palomo agregó que el proceso que investiga Pedraz en España «ya fue descartado por la Corte de Constitucionalidad», además, dudó de la legitimidad del documentos, pues argumenta que esos planes «no los tiene ni el Ejército», declaró.

EVIDENCIA

Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú, denunciante en España del proceso de genocidio, declaró que la entrega del informe al magistrado Pedraz es parte de un trabajo planificado desde hace tiempo, en el que se pretende ir buscando maneras de aportar evidencias al proceso que ese paí­s investiga.

«Hay que recordar que en Estados Unidos existen los Archivos de Seguridad Nacional, que son documentos cuya legislación norteamericana permite hacer la desclasificación y es público que ese documento existió en ese lugar y la investigadora (Kate Doyle) los desclasifica desde años atrás», indicó el abogado.

Sobre la legitimidad de los documentos, Morales indicó que la fase procesal del caso no es la adecuada para afirmar si los documentos entregados a Pedraz son legí­timos: «Hay que partir del hecho que son indicios; todos los procesos penales tienen una etapa donde se verifica la legitimidad de la evidencia presentada.