La región de Santa Cruz, que concentra el 30% del PIB boliviano, irá a las urnas el domingo para aprobar su estatuto de gobierno autónomo, una suerte de Constitución local a la que se opone el presidente indígena Evo Morales, que considera la consulta ilegal y secesionista.
Bajo la iniciativa de sus líderes políticos y empresariales, duros opositores del presidente socialista Morales, Santa Cruz decidirá si aprueba un estatuto de gobierno autónomo de tendencia liberal.
Ese estatuto le da a las autoridades departamentales amplias facultades en materias económica y política, incluyendo la formación de una policía propia, y dejando para el Estado tan sólo las funciones de Defensa y relaciones exteriores.
Encuestas revelaron esta semana que la aprobación de los estatutos podría fluctuar entre el 70 y 75 por ciento para una votación que el gobierno quiso impedir a toda costa y que en el último tiempo ha intentado minimizar señalando que se trata tan sólo de una consulta.
«Todo está listo para el referéndum de este domingo; tenemos un total de 935.527 inscritos para ir a votar en todo el departamento», afirmó este viernes el presidente de la Corte Electoral de Santa Cruz, Mario Orlando Parada, en pugna con las autoridades electorales nacionales, que no reconocerán el resultado de la consulta por considerar ilegal su convocatoria.
Existe tranquilidad en la ciudad de Santa Cruz, ciudad de 1,2 millones de habitantes, y capital del departamento, según comprobaron periodistas.
Las actividades públicas y privadas son normales, a dos días de la consulta, y en muchas calles se respira un ambiente electoral; en varias casas se observan banderas verdes y blancas -los colores de la región- y algunos grafitti muestran las posiciones a favor y en contra de la consulta.
En contraste, el clima que existe en áreas rurales, principalmente en las comarcas de San Julián y Cuatro Cañadas, dos bolsones electorales leales al presidente boliviano, puede presagiar algunos desórdenes para el fin de semana.
«Estamos organizando bloqueos (de rutas) porque no vamos a permitir el referéndum», afirmó el dirigente aborigen Paulino Parapaino, en comunicación telefónica con emisoras locales desde la zona de los Guarayos, porque argumenta que la redacción de los estatutos autonómicos no fue consultada con los indios de la región.
La Confederación de Colonizadores de Bolivia, un sindicato que agrupa a campesinos de escasos recursos, atizó el fuego al amenazar con no permitir la consulta en Santa Cruz.
«Nos declaramos en emergencia y no permitiremos el referéndum. Cualquier enfrentamiento que se genere, será por culpa del presidente de la Corte Electoral (Mario Orlando Parada) y del prefecto Rubén Costas», afirmó el dirigente del sector Fidel Zurco.
Santa Cruz lidera desde hace varios años un movimiento autonomista que también ha cuajado en los departamentos de Beni, Pando y Tarija, que realizarán sus propios referendos autonomistas en los próximos 50 días.
Este desafío a Morales -que por su lado impulsa un proyecto de Constitución que es rechazado por la oposición- ha generado un complejo problema en Bolivia, lo que ha llevado a la Iglesia, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y países a amigos a buscar un diálogo pacificador.
La OEA realiza este viernes en Washington una reunión del Consejo Permanente para evaluar la situación boliviana sobre la base de un informe que presente su comisionado, el argentino Dante Caputo, quien conversó esta semana con el presidente Morales y los prefectos opositores.
El departamento de Santa Cruz, con cerca de 2,5 millones de habitantes y una extensión que supera los 370 mil km2 es el departamento más productivo de Bolivia, con una participación de 30% del PIB nacional.
– Todos los ciudadanos bolivianos que tengan su domicilio en cualquier municipio de Santa Cruz tienen la condición política de cruceños.
– El Gobierno Departamental podrá crear la policía departamental para el resguardo a las autoridades y de los bienes públicos del departamento, control y supervisión del tráfico en las carreteras de Santa Cruz, mantener el orden público y ejecución del plan departamental de seguridad ciudadanía.
(Cuando se aprobó el estatuto, en diciembre pasado, el vicepresidente boliviano, ílvaro García Linera, consideró que en el primer punto se define una ciudadanía diferenciada de la boliviana, y que en el segundo se promueve el descuartizamiento de la Policía Nacional).
– El departamento autónomo de Santa Cruz tiene competencia para ejercer la potestad legislativa y función ejecutiva sobre régimen electoral, administración de bienes y rentas, obras públicas, planificación, tierra, agricultura, ganadería, telefonía, telecomunicaciones, biocombustibles y vivienda, entre otros puntos.
– Se crea una Asamblea Legislativa Departamental con 35 miembros de las provincias y de los pueblos indígenas originarios del departamento con un representante por cada una de las 15 provincias del departamento, un representante por cada uno de los cuatro pueblos indígenas originarios y 16 representantes según la población de cada provincia del departamento.
– El derecho propietario sobre la tierra, la regulación de los derechos, la distribución, redistribución y administración de las tierras en el departamento de Santa Cruz es responsabilidad del Gobierno Departamental y estará regulado mediante una ley departamental.
– Se reconoce y protege la propiedad privada sobre la tierra en el departamento autónomo de Santa Cruz, sea de manera colectiva o individual, siempre que cumpla una función social.