La autonomía del departamento de Santa Cruz, bastión opositor al presidente Evo Morales, es un proceso considerado irreversible por sus impulsores, que esperan que el referendo revocatorio del domingo confirme la oposición al mandatario e igualmente el apoyo al gobernador local, que lidera el proceso.
«Las autonomías no están en peligro nunca. Nunca, porque éste es un proceso irreversible», afirmó el prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, que desde el lunes mantiene junto a otros líderes opositores una huelga de hambre contra el gobierno del presidente aymara.
«Autonomía es más democracia, más control social, es una lucha contra la corrupción», asegura Costas, que anoche puso fin a su campaña de cara al referendo con un acto público en la plaza principal de la ciudad.
Ahí, Costas afirmó que no tiene miedo del referendo y llamó a los electores -997 mil en Santa Cruz- a apoyarlo para dar paso a «una segunda república, una república autonómica».
«La autonomía está consolidada en Santa Cruz, eso va a seguir, eso es irreversible. La autonomía es un hecho para nosotros», afirma por su parte Branco Marinkovic, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz que encabeza el movimiento autonómico, en declaraciones.
«Por eso tomamos la decisión de que vamos a ir, vamos a votar y no vamos a dejar la cancha sola al señor Morales», advierte.
También en huelga de hambre, Marinkovic rechaza que la puja por autonomía vaya a desencadenar un proceso de «balcanización» que pueda llevar a la división de esta nación sudamericana, la más pobre de la región.
«Nosotros no dividimos a este país», enfatiza, en respuesta a las críticas del gobierno que señalan que las autonomías son secesionistas.
Junto a Santa Cruz, los departamentos del oriente y sur boliviano Beni, Pando y Tarija, que forman la próspera y fértil «media luna», celebraron entre mayo y junio referendos donde aprobaron estatutos autonómicos que aún no se materializan en una nueva administración.
Los proyectos de autonomía «ahora están en nada», afirma el analista Alfonzo Román.
Según él, el referendo obligará a los sectores políticos a negociar para tratar de avanzar cada uno en su programa, aunque critica a las autonomías porque «carecen de contenido, de pensamiento político».
El presidente Morales, permanente crítico de las autonomías departamentales, propone en cambio autonomías indígenas y municipales, consagradas en un proyecto de Constitución, que es considerado ilegítimo por la oposición, y que no ha podido hacer aprobar por el pueblo.
En ese entrampamiento que entra en juego el referendo, como una manera de destrabar la pugna entre su propio proyecto indigenista y estatista, y las autonomías de los ricos departamentos orientales.
El referendo pondrá en juego los cargos de Morales, de su vicepresidente y de ocho de los nueve prefectos. Según encuestas, Morales será ratificado en su cargo lo mismo que el prefecto de Santa Cruz, considerado el principal opositor del presidente.
«La situación apunta a que el gobierno busca un aval político en este referendo para implementar sus reformas», planteó el analista Roger Tuero, director el Observatorio Político Internacional.
Por eso, «las regiones quieren defenderse de esta posible arremetida contra las autonomías» y, aunque lo consideran ilegal, participarán del proceso «para evitar que el gobierno imponga» su proyecto.
Manfred Reyes Villa, prefecto del central departamento de Cochabamba y un serio opositor del presidente Evo Morales, es el único prefecto que no reconoce el referendo que se celebrará el domingo en Bolivia, lo cual podría generar una delicada situación si es que en la consulta se revoca su investidura.
«Seguiré siendo prefecto hasta el 2009, fui electo (en diciembre de 2005) hasta el 2009», afirmó ayer Reyes Villa, un ex capitán de Ejército, consultado por la prensa local si reconocerá un resultado adverso en el plebiscito del domingo, que considera inconstitucional.
El prefecto -con fuerte respaldo en áreas urbanas de la ciudad de Cochabamba, pero resistido principalmente en las zonas cocaleras del Chapare, la cuna política del presidente Evo Morales- insistió en que el referendo revocatorio es ilegal porque no existe como figura legal en la Constitución.
Además, ha presentado, aunque sin resultados, varias demandas ante la justicia y las cortes electorales para frenar el proceso electoral.
Reyes Villa -que en enero de 2007 ya soportó protestas de campesinos cocaleros que pedían su renuncia- también denunció que en su departamento hay unos «17 mil casos» de inscripciones irregulares que le hacían temer un fraude electoral.
La ley de convocatoria a consulta señala que el prefecto de Cochabamba será removido, si los votos negativos superan el 47,6% de los votos, que es lo que él obtuvo en los comicios de 2005, aunque el máximo tribunal electoral modificó ese parámetro y estableció que la revocatoria procederá si los sufragios adversos superan el 50%.
La confusa interpretación que puedan surgir de los resultados del plebiscito y la decisión de Reyes Villa de no reconocer ningún resultado hacen temer que Cochabamba, vital región que une el este y oeste de Bolivia, se convierta en un nuevo foco de conflicto.
«Si no quiere, no se va a ir, y legalmente nadie puede obligarlo a que se vaya», afirma el analista Roger Tuero, al considerar probable que el prefecto pierda en las urnas.
Según Tuero, «para sacarlo (a Reyes Villa) habría que ser a la fuerza, porque legalmente va a ser difícil», y luego abrió la interrogante que existe «Â¿lo van a sacar a la fuerza, con militares?».
El analista Alfonzo Román, aseguró de su lado, que el prefecto opositor debería reconocer los resultados que, probablemente, le sean adversos.
«Ya vio los números de manera fría y sabe que las encuestas anticipan que será revocado, tendría que abandonar el edificio prefectural e irse», postuló.
El presidente izquierdista Morales ha impulsado, junto a sus fieles bases campesinas de Cochabamba, la remoción del prefecto Reyes Villa, porque considera que él, junto a los otros rebeldes de La Paz, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, bloquean sus planes oficiales de fuerte sentido estatista e indigenista.