La región de Santa Cruz, capital económica de Bolivia, cierra hoy su campaña en favor de un estatuto que le garantice su autonomía, en abierto desafío al presidente Evo Morales que ve signos secesionistas, mientras la OEA busca un diálogo para acercar a las partes.
Los líderes civiles de Santa Cruz, encabezados por el prefecto Rubén Costas, convocaron para este miércoles al cierre de campaña de cara a la votación del domingo -calificada de ilegal por la Corte Nacional Electoral- a la que acudirán, según los organizadores, unos 900 mil electores.
En los últimos días medios locales han publicado encuestas según las cuales más del 70% de la población votará por el Sí a los estatutos autonómicos, que entrarían en vigor el lunes según las autoridades departamentales, y que según el gobierno nacional no tienen validez.
La amenaza de grupos radicales de tomar medidas violentas ante el referendo autonómico llevó al gobierno boliviano a prohibir por decreto el martes la tenencia de armas de fuego a civiles.
A pesar de la parafernalia que le rodea, el referendo no deja de ser, según el gobierno, una simple consulta porque no se ajusta a la Carta Magna vigente.
Para Santa Cruz, en cambio, después del referendo del domingo «nace una nueva República, una Segunda República no centralista», según dijo Costas recientemente.
El gobierno se dijo «alarmado por esas intenciones (..) que demuestran la verdadera intencionalidad de esos estatutos que pretenden aprobar en el acto del 4 de mayo», según el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti.
Esa dicotomía es apenas una muestra de la magnitud del enfrentamiento entre dos concepciones de Nación y que ha llevado a Bolivia al borde del abismo.
El peso de la división en este país es tal que la Iglesia católica consideró que por el momento no existen condiciones para iniciar el diálogo que ponga fin a la crisis política, a apenas cuatro días del polémico referendo no vinculante.
«Todavía no se han dado las condiciones para iniciar el diálogo», admitió monseñor Jesús Juárez, miembro de la Conferencia Episcopal boliviana.
Es en ese escenario de confrontación que una misión de la OEA, encabezada por el ex canciller argentino Dante Caputo, inició este miércoles un tercer intento por acercar las posiciones.
El emisario de la OEA se entrevistó temprano con Morales en el presidencial Palacio Quemado, de La Paz, y luego abordó una aeronave hacia Santa Cruz, donde planea entrevistarse con el prefecto Rubén Costas.
«El presidente manifestó su voluntad de diálogo», afirmó escuetamente el subsecretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos, al cabo de la entrevista de casi dos horas con el gobernante izquierdista que está jaqueado por la fuerte crisis política.
«Vamos a ver ahora por el otro lado (de los prefectos) cómo anda la cosa (para acordar un diálogo)», dijo, al anunciar una reunión con los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, que impulsan la autonomía.
Otras regiones están divididas, como Chuquisaca o Cochabamba, cuyos líderes civiles conservadores apoyan las autonomías, mientras los grupos sociales la rechazan.
En La Paz, Oruro y Potosí -que en el siglo pasado sustentaron la economía nacional con la minería- la autonomía planteada por Santa Cruz es rechazada.
Santa Cruz, con cerca de 2,5 millones de habitantes y una extensión que supera los 370.000 km2 es el motor de la economía boliviana, con una participación de cerca del 30% del PIB nacional.