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La vista pública tuvo lugar sin mayores contratiempos en la CSJ; no obstante, miles de simpatizantes de la precandidata por la coalición Unidad Nacional de la Esperanza y la Gran Alianza Nacional (UNE-Gana) se aglutinaron frente al Palacio de Justicia y detonaron artefactos pirotécnicos durante la realización de esa diligencia.

A las 10:03 horas, los trece magistrados de la CSJ ingresaron a la Sala de Vistas para integrar el Pleno que resolverá el amparo interpuesto por la citada agrupación polí­tica, en contra de la resolución del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que denegó a Torres la inscripción como candidata Presidencial.

A las 11:10 horas concluyeron los alegatos de las partes convocadas a la audiencia, con la ausencia de la Procuradurí­a General de la Nación, el Ministerio Público y el tercero interesado: Frente Republicano Guatemalteco. A esa hora Luis Arturo Archila, presidente de la CSJ informó que la resolución final serí­a emitida el próximo lunes.

POLíTICO

“Señores magistrados y magistradas: quiero darle gracias a Dios y a ustedes por escucharme”, fueron las primeras palabras que la precandidata presidencial de la UNE-Gana pronunció ante los magistrados de la CSJ.

Los argumentos legales de Torres se basaron en lo que establece el artí­culo 190 del Código Civil, el cual “es muy claro en decir que el matrimonio no forma grado”, además citó que el artí­culo 186 de la Constitución “no menciona la palabra cónyuge, porque nunca pensaron que una mujer pudiera tener el derecho a ser candidata”, argumentó. Y añadió: “menos aún la esposa de un presidente”.

A partir de ahí­, los quince minutos que la precandidata tuvo para exponer en torno al amparo interpuesto para procurar su inscripción se orillaron hacia lo polí­tico, pues indicó reiteradamente que su candidatura era en representación de “los más de 1 millón 137 mil hombres y mujeres que me pidieran que yo fuera su candidata presidencial y los representara en esta contienda electoral”.

Torres Casanova se autonombró como la lideresa de los pobres y que es la candidata de un partido polí­tico que ha puesto énfasis en los programas de ayuda de los más necesitados. Estos argumentos se dan un dí­a después de un violento desalojo en una finca de Retalhuleu, en el que un campesino murió en el enfrentamiento.

“Acepté porque tengo el derecho como lo han dicho mis abogados, con los razonamientos legales. Tomé la decisión basada en esos argumentos legales,  pero la decisión de divorciarme vino después y fue y es personal y debe seguir siéndolo”, defendió la ex Primera Dama, quien añadió que no se divorció para pretender obtener un derecho “que ya tení­a”.

Torres agregó que sus acciones no incurren en fraude de ley, lo cual “no existe ni está tipificado en la legislación guatemalteca”, indicó. Además, expuso que el fallo del TSE fue emitido sin “haber sido citada, oí­da ni vencida en juicio”.

La precandidata se refirió a la prensa así­: “hombres y mujeres pobres hoy vienen caminando en paz y se dice que es presión, pero cuando se publican artí­culos de prensa y editoriales atacando mi candidatura con difamación, con insultos y con calumnias, se dice que es libertad de expresión”.

ARGUMENTOS

Arturo Alfredo Herrador Sandoval, representante legal de Torres Casanova, fue el primero en exponer ante el Pleno de magistrados. En sus juicios manifestó que la institucionalidad del paí­s y el modelo democrático “corren peligro” si no se inscriben sus patrocinados como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia.

“Se parte de dos premisas que jamás fueron probadas: el inexistente impedimento de mi patrocinada (Torres) de optar al cargo de Presidente de la República, lo cual tiene que ser discutido porque no opera automáticamente”, y añadió que el segundo punto es el fraude de ley, el cual a su criterio no se aplica en ese caso.

Byron Castañeda, representante legal de Roberto Dí­az Durán, candidato a la vicepresidencia por la coalición UNE-Gana, manifestó que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo “siempre que los actos lleven implí­cita una amenaza de las garantí­as que la Constitución Garantizan”.

“Pido a la CSJ que haga el análisis de medios para dictar sentencia y se otorgue en definitiva el amparo ordenando, que se proceda a la inmediata inscripción de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República”, solicitó el jurista a la CSJ.
Por último, la vista pública dio lugar a Adela Camacho de Torrebiarte, tercera interesada en el amparo y que es candidata presidencial por el partido ADN. Ella indicó que, a su criterio, la Carta Magna es clara en indicar que ningún familiar del Presidente puede optar a la Presidencia.