Carlos Menocal, Enrique Degenhart y Eddy Morales, otrora funcionarios del Ministerio de Gobernación, fueron sancionados por la Contraloría General de Cuentas (CGC), por malos manejos presupuestarios.
En total, la CGC emitió sanciones que suman Q11 millones, por acciones anómalas realizadas el año pasado. Degenhart, quien fue interventor de Migración, es el más afectado, por una multa de Q8.7 millones. Mientras que Menocal, exministro de Gobernación, tiene una multa de Q90 mil, aproximadamente.
De acuerdo con el expediente, la CGC, tras las inspecciones, encontraron deficiencias en los expedientes de trabajadores permanentes y temporales, así como la falta de programación y la falta de ejecución presupuestaria, también utilización de personas para distintas tareas a las que se referían en su contratación.
Entre algunos puntos, resalta que un reglón tenía contemplado erogar Q2 millones para arrendamiento de automóviles, pero se terminó gastando Q12.5 millones.
La institución encargada de la emisión de pasaportes y distintos trámites relacionados con la identificación internacional de los guatemaltecos, es la que presenta mayores problemas ante la CGC; Degenhart fue sancionado junto a otros funcionarios por Q8.7 millones.
En el informe presentando por la contralora Nora Segura, se detalla que Migración pagó cantidades superiores a lo estipulado en los contratos adquiridos con la Corporación Inmobiliaria la Luz, Sociedad Anónima. El Estado devengó Q16.3 millones por la emisión de 219,560 libretas para pasaportes, cuando el pago debió haber sido por Q9.1 millones.
Según el contrato 3-99 suscrito entre ambas instituciones, el precio unitario era de Q41.75, pero las evaluaciones de la Contraloría demuestran que el pago fue de Q74.59 por cada libreta de pasaporte.
La CGC presenta cada 30 de mayo un informe con los resultados de la fiscalización anual de las instituciones gubernamentales, autónomas y descentralizadas, así como las sanciones impuestas por el incumplimiento del Decreto 31-2002, Ley Orgánica de la institución fiscalizadora.
De conformidad con la Ley Orgánica de la CGC, en el artículo 41, los recursos provenientes del cobro de multas constituyen fondos privativos para la entidad, aunque existe posibilidad de “descuentos” que se aplican a criterio de las autoridades superiores del ente fiscalizador.