Parece que el desempeño de quienes dirigen ONGs en el país seguirá siendo noticia. La CGC ya anunció que hay sanciones económicas por Q20 millones.
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Según Carlos Mencos, contralor general de Cuentas (CGC), los equipos de auditores que ya iniciaron la fiscalización que corresponde a 2008, encontraron deficiencias en 250 ONGs que manejan no menos de Q5 mil millones en recursos del Estado.
La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, solicitó al Contralor información sobre el control que la CGC está ejerciendo para seguirle la pista al dinero del Estado.
Sin embargo, él dijo que no podía detallar la cantidad de ONGs que se desenvuelven en el país, porque en el Registro General de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) son los mismos Institutos por Cooperativa que aparecen como ONGs y solamente de esos institutos suman más de mil a nivel nacional, afirmó Mencos.
El funcionario analizó que las municipalidades deberían ser las ejecutoras de sus propios proyectos, sin embargo han implementado la utilización de ONGs para invertir los recursos, situación que complica la fiscalización.
Hay procesos en que se han tenido que detener, proyectos ejemplo hay como el de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, donde se iban a ejecutar Q120 millones; o el caso de Q70 millones en Jerez, Jutiapa, «los cuales iban a implementar algunos proyectos faraónicos en municipalidades muy pobres», resaltó Mencos.
Con ese dinero se pretendía construir complejos centros recreacionales y así había riesgo que las autoridades dejaran comprometidos ingresos municipales por más de 50 años y de esa manera automáticamente asfixiada su economía, explicó el Contralor.
Otro ejemplo es la ONG «Ascom», a la que el Ministerio de Comunicaciones (Micivi) entregó Q600 mil para un proyecto en el que se gastaron únicamente Q200 mil, el restante monto de Q400 mil no aparece por ningún lado, puntualizó Mencos.
Tanto la diputada Montenegro como Rosa María de Frade han ingresado iniciativas de ley con el afán de facilitar la fiscalización de los recursos del Estado entregados a ONGs.