Un total de 95 funcionarios han sido sancionados por el escándalo de trabajadores esclavizados en la provincia septentrional china de Shanxi, de entre los cuales algunos fueron expulsados del Partido Comunista de China (PCCh) o destituidos de sus cargos y otros han recibido advertencias disciplinarias por falta de supervisión y negligencia.
La Comisión Provincial de Control Disciplinario del PCCh anunció hoy las sanciones impuestas a funcionarios en ocho distritos de Linfen y Yuncheng.
El secretario de la comisión, Yang Senlin, indicó que los funcionarios sancionados incluyen a 12 cuadros a nivel distrital y seis a nivel municipal.
En Hongtong, el centro del escándalo, Sun Yanlin, jefe del gobierno distrital y subsecretario del comité distrital del PCCh fue destituido de su cargo en el Partido. La comisión también sugirió a la asamblea popular distrital (órgano legislativo) la destitución de su cargo gubernamental.
Gao Hongyuan, secretario del comité distrital de Hongtong del PCCh, recibió una «grave advertencia», indicó Yang. La comisión dio una «grave advertencia» a Wang Zhenjun, subjefe del gobierno distrital, y recomendó a la asamblea popular distrital la destitución de su cargo gubernamental.
El órgano del control disciplinario también sugirió la destitución de dos funcionarios de nivel de poblado en Hongtong.
Yang explicó que ocho funcionarios están siendo investigados por el departamento judicial.
El uso de trabajadores esclavizados atrajo la atención de los medios de comunicación después de que más de 400 padres de la provincia central china de Henan publicaran una carta en internet el mes pasado en la que revelaban que sus hijos desaparecidos habían sido vendidos a pequeñas fábricas de ladrillos en Shanxi y Henan como trabajadores esclavizados.
Hasta el 22 de junio, 359 personas, entre ellas 12 niños, fueron rescatadas de las fábricas de ladrillos ilegales en Shanxi y la policía ha detenido a 38 personas. La policía en Henan rescató a 217 personas, incluidos 29 niños, y arrestó a 120 personas en una campaña de cuatro días de duración, en la que más de 35.000 efectivos de policía inspeccionaron 7.500 fábricas.
El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN, Parlamento chino), adoptó el 29 de junio la ley de contrato laboral, después de que el escándalo saliera a la luz para proteger los derechos de los trabajadores.
Según la ley, si los empleadores no firman contratos por escrito con sus empleados en el plazo de un año se considerará que se ha suscrito un contrato laboral permanente.
«Los empleadores no deben obligar a sus empleados a trabajar horas extraordinarias y los empleados pueden finalizar el contrato sin cumplir el periodo de aviso si son forzados a trabajar con violencia, amenazas o restricciones de la libertad», según estipula la ley.
La ley entrará en vigor en el 1 de enero de 2008.
Hasta la fecha, más de 30 dueños y empleadores de fábricas de ladrillos han sido procesados debido a su implicación en el escándalo de esclavitud laboral.