Alrededor de 500 empresas han sido sancionadas por el Ministerio de Economí­a al incumplir con las normativas laborales, resultando la industria maquiladora como la principal violadora de los derechos de los trabajadores.

Según Luis í“scar Estrada, ministro de Economí­a, es el Ministerio de Trabajo el ente encargado y responsable del cumplimiento de las leyes laborales en el paí­s y cuando se agotan todas las ví­as legales de conciliación con las empresas que incurren en faltas a las normas laborales, se procede a sancionarlas.

«Lo que nos compete es la cancelación de los beneficios a las empresas…» «se suspende temporalmente la adquisición de las materias primas cuando éstas ingresan al paí­s libres de impuestos, así­ como también se retira el beneficio del impuesto de la renta por 10 años» indicó Estrada.

Asimismo, el director de la cartera de economí­a afirmó que las empresas exportadoras también están sujetas a un monitoreo por parte de los compradores de sus productos en el extranjero, esto garantiza en parte el cumplimiento de las leyes laborales, por las autoridades que adquieren sus productos en el exterior.

Orlando Blanco del Colectivo de Organizaciones Sociales (COS) estima que anualmente son presentadas más de 4 mil denuncias por parte de trabajadores de maquilas y empresas de seguridad privada, según lo demostró el monitoreo que esta organización realiza constantemente en distintos centros de trabajo en el paí­s.

A criterio de Blanco, el gobierno atiende a una mí­nima parte de las personas que se quejan por el incumplimiento del contrato individual de trabajo, debido al retroceso en la capacidad de las autoridades para dar seguimiento de las denuncias.

Blanco sostiene que la falta de acción por parte de las autoridades correspondientes se debe en parte a la falta de capacidad por parte de la Inspección de Trabajo para proceder directamente en los casos que requieren seguimiento.

Dentro de las medidas que promueve el COS para garantizar a los trabajadores el cumplimiento de sus derechos, está la imposición de multas y suspensión de privilegios fiscales con las que cuentan las maquiladoras, así­ como una observación constante de las empresas que incurran en faltas a las normas de trabajo.

Ya que muchas veces las empresas que no están legalmente registradas en Guatemala y no cumplen con las condiciones legales que hay en el paí­s» finalizó diciendo Estrada.