La admisión por Colombia del uso indebido del emblema de la Cruz Roja al rescatar a 15 rehenes de las FARC es una violación al derecho humanitario que podría generar sanciones, pero a la vez refuerza la tesis de que hubo una operación militar y no una traición, según analistas.
«El mero hecho de usar esos emblemas aunque no se cause daño al enemigo, ya es un delito que tiene sanción internacional y nacional», recordó el ex canciller Augusto Ramírez, que dirigió la misión de la ONU tras el proceso de paz en El Salvador (ONUSAL).
Ramírez recordó que esas sanciones no sólo afectan al militar que admitió haber usado el emblema, sino también a quienes ordenaron la operación.
Después de haberlo negado reiteradamente, el gobierno colombiano admitió que uno de los militares que participaron en la operación que devolvió a la libertad a la colombo-francesa Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y 11 uniformados colombianos, uso en forma inconsulta un pechero con la imagen del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
«Lamentamos que esto haya ocurrido», señaló el presidente Alvaro Uribe al pedir excusas al CICR el martes, después que la cadena de televisión CNN divulgó un informe en el que aseguraba haber tenido acceso a las imágenes que mostraban el uso indebido del emblema del organismo humanitario.
La oficina del organismo internacional en Bogotá emitió un comunicado en el que recordó al gobierno colombiano que su emblema no puede ser usado en forma «abusiva».
«El uso indebido de los emblemas viola normas internacionales, sin duda, pero en este caso creo que la sanción será menor que la ganancia de que se reconozca que en el caso de los rehenes hubo un operativo militar», dijo John Marulanda, experto en temas de seguridad nacional.
Para Marulanda, profesor de la Universidad Nueva Granada, al admitir que el distintivo fue usado por los militares para engañar a los rebeldes se ratifica que se trató de un rescate y no de una traición de los jefes insurgentes, como señaló la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En el único comunicado emitido tras el rescate, que dejó a las FARC sin parte del grupo de rehenes que pretendía canjear por 500 rebeldes presos, el comando de esa guerrilla denunció que el operativo fue un montaje para tapar el pago de un soborno a los dos jefes insurgentes a cargo de la custodia para que se entregaran junto a los cautivos.
«Esa tesis queda desvirtuada si se admite que hubo una operación de rescate», señaló a periodistas Marulanda, quien agregó que la admisión del error por parte del gobierno le granjea simpatías internas.
Uribe goza de una popularidad que ha superado los últimos meses el 80% y que llegó a un 91% tras la liberación de los rehenes el 2 de julio.
«Entre los colombianos, nadie entendería que se castigue a un gobierno que consigue la liberación de unos rehenes sin disparar un solo tiro y sin provocar daños al enemigo», agregó.
En el mismo sentido el dirigente del Polo Democrática (izquierda), Vicente de Roux, señaló que si bien es indudable que el gobierno ha sacado réditos del operativo, no puede utilizar esa popularidad para impedir las investigaciones sobre las irregularidades que pudieron cometerse.
«Nadie niega que la libertad de los rehenes es un gran logro y que incluso el reconocer un error es valiente, pero ello no debe impedir que la justicia haga sus averiguaciones», señaló De Roux, un reconocido defensor de los derechos humanos.