San Francisco ha ordenado el cese de las operaciones de una aplicación móvil que permite a la gente subastar sus plazas de aparcamiento público, en un reflejo del choque entre las nuevas tecnologías y los intentos de las autoridades por mantener la ley y el orden, la seguridad pública y un sentido del decoro.
SAN FRANCISCO / Agencia AP
La aplicación, llamada Monkey Parking, permite a los conductores que consiguen un codiciado hueco para aparcar en San Francisco venderlo por 5, 10 e incluso 20 dólares, y luego esperar allí hasta que el comprador llega para ocupar la plaza.
«Es ilegal, pone a los conductores en riesgo de pagar multas de 300 dólares y crea un agresivo mercado privado de plazas de aparcamiento públicas que los habitantes de San Francisco no tolerarán», afirmó el lunes en un comunicado el abogado municipal Dennis Herrera, ordenando que la compañía tecnológica, con sede en Roma, detenga sus operaciones en la ciudad.
Otras dos empresas recibirán notificaciones similares, señaló.
Las autoridades estatales y federales han chocado con nuevos servicios que permiten a la gente sustituir a título privado a taxis, hoteles e incluso restaurantes. Pero el conflicto es más duro en San Francisco, que las empresas de Silicon Valley suelen utilizar como terreno de pruebas, poniendo a prueba los límites de las autoridades locales, que no quieren frenar la floreciente economía tecnológica.
Este año, la ciudad ordenó a Google que sacara de la bahía de San Francisco una misteriosa barcaza de cuatro plantas a medio construir que, según las autoridades del estado, se estaba construyendo sin los permisos pertinentes.
Además, la policía insiste en que los usuarios de aplicaciones para compartir coche como Uber, Lyft y Sidecar operan de forma ilegal cuando recogen a alguien en el aeropuerto.
El analista de Internet Larry Downes señaló que el problema real es que la administración de San Francisco ha tomado malas decisiones en vivienda, urbanismo y transporte público, dejando a la ciudad sumida en atascos y altos precios de la vivienda en medio de un boom tecnológico.
Por su parte, el experto Charles Belle, del Startup Policy Lab, un proyecto para conectar a la comunidad de nuevas empresas tecnológicas con legisladores y gobierno, cree que el caso de Monkey Parking es un ejemplo de la necesidad de diálogo entre ambas partes.
«Las empresas tienen que familiarizarse con las leyes locales, pero amenazar con acciones legales (…) sólo distrae la atención de la oportunidad de repensar cómo la comunidad puede aprovechar la tecnología para mejorar servicios gubernamentales», dijo Belle.