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Según el estudio “Pobreza, salud sexual y reproductiva y derechos humanos”, elaborado por el UNFPA, la implementación de polí­ticas capaces de lograr mayor equidad de género, étnica y generacional, que a su vez promuevan el respeto de la titularidad de derechos con miras a la defensa de la salud sexual y reproductiva, podrí­an contribuir en la reducción de la pobreza en los paí­ses.

La entidad de Naciones Unidas subrayó que la salud sexual y reproductiva es un derecho humano universal y es aquí­ donde se evidencia las enormes desigualdades sociales a las que está sujeta la población.

En Guatemala, diversas organizaciones han expresado la urgencia de que las autoridades tomen medidas para garantizar a las mujeres una buena salud sexual y reproductiva, la que contribuirí­a a la reducción de las muertes maternas, muertes neonatales, embarazos no deseados y precoces y menos personas con VIH.

Dos mujeres mueren diariamente por causas relacionadas con la maternidad

La Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indí­genas por la Salud Reproductiva (Alianmisar) denunció públicamente que Guatemala tiene el número más alto de muertes maternas en Latinoamérica, el que debe reducir de 136 muertes a 65 por cada 100 mil nacidos vivos para el año 2015, según los compromisos asumidos por el Estado.

De acuerdo con la entidad, el Tercer Informe de Avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) revela que el í­ndice de mortalidad sigue siendo el mismo, el 70 por ciento de estas muertes se dan en la población indí­gena y el 46 por ciento en el hogar.

Los datos subrayan que aproximadamente tres de cada 10 mujeres presentan prevalencia de anemia en su edad fértil y dos de cada 10 durante el embarazo, lo que pone en riesgo la salud de la madre y el hijo, pues las mujeres con mala nutrición tienen altas posibilidades de dar a luz a niños con bajo peso y a sufrir complicaciones en el parto.

Por su parte, la Organización de Mujeres Tierra Viva subrayó la urgencia de que las próximos autoridades garanticen una mejora en los servicios de salud y área reproductiva de las mujeres, además de investigar en otras cosmovisiones alternativas para el ejerció de los derechos sexuales, de manera que la atención sea con pertinencia.

EMBARAZOS PREMATUROS

De acuerdo con el UNFPA, los embarazos adolescentes más que un drama personal son un obstáculo para el desarrollo de la región y de un paí­s y representan el 18 por ciento de todos los embarazos en Latinoamericana.

A decir de Marcela Suazo, directora regional del Fondo de Población para América Latina y el Caribe, la prevención del embarazo adolescente es clave para avanzar hacia el cumplimiento de los ODM, pues contribuye a romper el ciclo de la pobreza, disminuye la mortalidad materna y neonatal, además de mantener el desarrollo fí­sico y psicosocial de las adolescentes.

Según Suazo, superar las barreras para erradicar los partos en niñas y adolescentes requiere contar con las intervenciones y servicios necesarios, pero también reconocer la existencia de obstáculos y el compromiso de trabajar conjuntamente para superarlos.

La funcionaria internacional dijo que la responsabilidad de eliminar este flagelo es compartida y debe abordarse desde un enfoque de derechos y desarrollo, para garantizar un futuro con más oportunidades para las y los jóvenes.

Por su parte, entidades con Jóvenes Sin Censura por una educación sexual integran y la Campaña Nacional por la Educación Sexual, han subrayado la urgencia de que las y los menores de edad y jóvenes tengan información oportuna, clara, cientí­fica y sin sesgos.

Las y los integrantes de estas entidades han trabajado a favor de la implementación de la educación sexual integral en el Curriculum Nacional Base, pues esto contribuirí­a a que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tomen decisiones más informadas.

ESCASO PRESUPUESTO

Según diversas organizaciones aunque Guatemala posee un marco legal favorable a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la falta de voluntad polí­tica se ha traducido en el presupuesto, el cual es insuficiente y muchas veces incluso ha sido reducido, lo que pone en riesgo los avances que se reportan.

Las entidades femeninas que trabajan a favor de la salud sexual y reproductiva, han indicado que en el paí­s desde la misma Constitución Polí­tica de la República se reconocen los derechos sexuales y reproductivos, además de otras normativas como las leyes de Desarrollo Social, la de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar, la de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Maternidad Saludable.

De acuerdo con las agrupaciones, el cumplimiento de las normativas y sus reglamentos avanzan lentamente y muchas de las acciones implementadas no responden a las necesidades del paí­s ni a una estrategia de prevención de la mortalidad materna y neonatal.

Finalmente, la Campaña Nacional para una Maternidad Saludable denunció que pese a que la Ley para la Maternidad Saludable, decreto 32-2010, fue publicada en 2010, el reglamento que la operativiza sigue al pendiente de ser aprobado y publicado.

DISCURSOS MORALISTAS

Por su parte, los candidatos a la presidencia de la República han expresado su desacuerdo con varios temas a favor de la salud sexual y reproductiva, discursos que hicieron públicos durante el un foro organizado por la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG).

Durante la actividad, las y los polí­ticos rechazaron la implementación de la educación sexual integral y el acceso a métodos de planificación familiar, lo que contraviene con la legislación que ya existe en el paí­s.

Las organizaciones de la sociedad civil han mostrado su preocupación por estas posturas polí­ticas, pues se corre el riesgo de que los avances logrados durante los últimos 10 años sufran un retroceso, por lo que han exigido respetar los acuerdos y dar continuidad a los procesos iniciados.

Ocho candidatas a diputadas, de seis partidos polí­ticos, firmaron un acuerdo con ALIANMISAR, en donde se comprometieron a promover acciones de fiscalización para el cumplimiento del marco legal en salud materna y nutrición y acompañar a la entidad en la solicitud de rendición de cuentas a las autoridades, sobre los avances relacionados con salud y nutrición, especialmente en la prestación de servicios médicos.

Otras de las acciones de las posibles próximas diputadas es incidir con la mayorí­a de diputados para elevar el presupuesto de la cartera de salud, en forma progresiva año con año, además de coordinar acciones conjuntas que generen compromisos de Estado que beneficien la salud y nutrición de la mujer indí­gena.