Cuando uno se da cuenta que el juez pesquisidor que investigó el papel de Eduardo Meyer en el escándalo de la desaparición de 82 millones de quetzales en el Congreso dictaminó que procede el antejuicio por tres delitos que, en el peor de los casos, representarían para ese político el pago de multas por un máximo de dos mil quetzales y una condena de cárcel que a lo sumo sería por tres años, todos ellos conmutables, la única conclusión que se puede extraer es que en Guatemala sale extraordinariamente barato ser pícaro o idiota en el desempeño de una importante función pública.
ocmarroq@lahora.com.gt
Si comparamos lo que potencialmente sería la pena mayor a imponerle con los 82 millones de quetzales que aparentemente están ya perdidos y cuya restitución se ve sumamente difícil, tenemos que entender por qué los guatemaltecos no creemos en la justicia y por qué existe esa sensación de que no tiene futuro alguno un país que no es capaz de sancionar a los pícaros o idiotas que provocan millonarias pérdidas en medio de las agobiantes necesidades de una sociedad que se debate en la pobreza.
Ochenta y dos millones de quetzales pudieron servir fácilmente para atender necesidades importantes en educación o salud; con ellos se pudieron construir más de cuatro mil casas de las que el gobierno ahora promociona como solución al déficit habitacional del país. Se pudo haber dado de comer a muchos niños en las escuelas o sembrar miles de hectáreas con árboles para reforestar la geografía patria. En vez de eso, sirvieron para que quienes pusieron cinco mil quetzales para constituir una sociedad cuyo fin era manejar valores en la bolsa, sus abogados y los políticos cómplices, engordaran sus billeteras tranquilamente y sin temor a consecuencia alguna.
Es más, es probable que algunos de los delitos que le imputan a Meyer nunca lleguen a ser probados y que hasta la posibilidad de un mínimo castigo se termine desvaneciendo. Girón y compañía dirán que ellos no cometieron delito alguno porque la inversión en la bolsa es siempre de alto riesgo y que sus clientes, entre ellos el Congreso de la República, estaban advertidos de esa situación. Y, como pasa siempre en nuestro medio, simplemente se perderá el pisto y los ladrones podrán gozar de sus actos de la manera más tranquila. No ha sido suficiente lo que los guatemaltecos tuvimos que pagar para el rescate de los dos bancos gemelos de Alvarado McDonald, por el Bancafé de la familia González y por el Banco de Comercio cuyos socios son y seguirán siendo prominentes y acomodados prófugos de la justicia.
Cierto es que comparado el monto de lo que se perdió por la picardía o la tontería de Meyer con las pérdidas provocadas por la quiebra de los bancos cuyos depósitos fueron devueltos con dinero de todos los guatemaltecos, puede considerarse como algo de poca monta. Pero si ponemos esos 82 millones en la balanza con las necesidades del pueblo de Guatemala y las carencias seculares de tantos poblados del país, tenemos que concluir que ese desfalco llora sangre y más aún cuando uno se da cuenta que aún si la justicia funcionara, lo cual queda por verse, las penas son ridículamente risibles. Y con ese antecedente, no puede uno sino pensar que en un país así, baboso el que no huevee.