Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades de orden material, moral y cultural, que le permita satisfacer sus deberes familiares.
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El salario es una retribución que el patrono debe pagar al trabajador y es justo cuando esa cantidad es acorde a la intensidad, calidad y condiciones en que se prestan los servicios, y ante la falta de un salario digno como sucede en Guatemala, el Estado está obligado a tutelarlo como establece la ley. La falta de acuerdo en la Comisión Nacional del Salario para incrementar el salario de las trabajadoras y trabajadores durante el año 2009, implica que el Organismo Ejecutivo tiene la responsabilidad de fijar un salario mínimo.
El Derecho al trabajo es una responsabilidad social, por lo que deben solucionarse las necesidades de cada ciudadano y posteriormente analizar las causas de los problemas socioeconómicos que afrontan la clase trabajadora durante los últimos años. Es preocupante ver los altos índices de desempleo, inaccesibilidad a servicios básicos, inseguridad, agudización del hambre, incumplimiento de las leyes, despido injustificado de trabajadores sin prestaciones y falta de condiciones mínimas en los centros de trabajo, pero es urgente un salario mínimo para encarar el alto costo de la vida.
Los actuales salarios diarios de Q47.00 para los trabajadores del campo y 48.50 para los no agrícolas, deben duplicarse y NO aplicarse la política de trabajo por productividad, ya que solo beneficia más a los empresarios. Las grandes desigualdades, explotaciones y la discriminación entre guatemaltecos es resultado de las políticas capitalistas que han implementado algunos malos empresarios, obligando a miles de compatriotas a emigrar hacia los Estados Unidos para buscar mejores condiciones de vida. La Constitución Política de la República y el Código de Trabajo son claros en señalar los derechos de las personas, pero lamentablemente no existe voluntad de las autoridades para cumplirlas y ello permite a los empresarios y finqueros seguir con sus arbitrariedades y abusos contra los trabajadores. Se necesita atención inmediata a este problema estructural, donde el gobierno tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes.
A futuro debe discutirse a fondo las reformas al Código de Trabajo para establecer la obligatoriedad de fijar salarios dignos anualmente y no la productividad explotadora de la fuerza laboral de personas comprendidas entre la edad de 16 a 25 años de edad. Asimismo, se debe discutir los derechos y obligaciones del sector empleador y de los trabajadores, sin permitir que la globalización y los intereses económicos sectoriales impongan la flexibilidad laboral y la libre contratación de trabajadores.
A dos años de la vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC), se ha agravado el desempleo en Guatemala, y se ha incrementado ganancias para las empresas transnacionales, por lo que es necesario contrarrestar las violaciones a los derechos laborales y evitar que sean violentadas las leyes que protegen la clase obrera. El gobierno debe cumplir los principios de su ideología política, priorizando los derechos colectivos sobre los intereses individuales y eso debe reflejarse en el cumplimiento de los derechos que tienen los trabajadores a nivel nacional.