La Sala de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, anuló la sentencia emitida por diez ejecuciones extrajudiciales de reos de la Granja Pavón y El Infiernito, donde cuatro personas fueron sentenciadas a penas de 15 a 33 años.

Por considerar que no hubo una correcta valoración de la prueba que fue presentada durante el debate oral y público por el Caso Pavón, los magistrados de la Sala de Mayor Riesgo resolvieron anular la condena emitida, y ordenar que el juicio se repita.

Rafael Rojas, magistrado presidente de dicho tribunal de apelaciones, explicó que al conocer las impugnaciones planteadas contra la sentencia, los togados evidenciaron que existieron vulneraciones en  el juicio, y que lo procedente era “reenviar el caso”.

“Dentro de los apelantes que son los acusados, plantearon ciertas violaciones a las reglas de la sana crítica razonada, y nosotros al analizar los recursos de apelación y el contenido de la sentencia advertimos que efectivamente se daban las vulneraciones”, indicó.

El magistrado acotó que tras el análisis de la causa penal, la Sala estimó prudente “ordenar el reenvió para que un nuevo tribunal conozca el proceso”.

El 8 de agosto del año 2013, el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo, a cargo de la jueza Jeannette Valdés, condenó a Víctor Hugo Soto Diéguez, a 33 años y tres meses de prisión por la ejecución extrajudicial de 7 reos.

También fueron encontrados culpables de la muerte de los internos Víctor Ramos Molina, Áxel Arnoldo Martínez Arriaza, y Aldo Stefano Figueroa.

Asimismo el Tribunal absolvió a María del Rosario Melgar, Nicolás Camajá Bach, Edwin Emanuel Rivera Gálvez y Francisco González Ibáñez.

CONTINUARÁN ABSUELTOS

David Pineda, abogado que actúo como defensor en el caso, manifestó que en su resolución la Sala de Mayor Riesgo no anula la sentencia absolutoria emitida a favor de Melgar, Camajá, Rivera e Ibáñez, puesto que ya es cosa juzgada.

En ese sentido Rojas confirmó que los mencionados continuarán en la misma situación jurídica –libres de cargos-, porque el Ministerio Público en ningún momento presentó apelación al fallo absolutorio.

Por otro lado, Pineda opinó que la Sala cometió un error en su resolución, ya que dejó de resolver las impugnaciones de los procesados Figueroa y Martínez.

En ese sentido el fiscal a cargo del caso, José Antonio Morales, informó que los magistrados acogieron los recursos de forma parcial, por lo que el fallo será analizado para determinar qué acciones legales presentarán.

“Lo más seguro es que se planteé un recurso, y lo que procede en este caso es un amparo en la Corte Suprema de Justicia”, concluyó.

En tanto, Diego Álvarez, vocero de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dijo que están de acuerdo con la resolución, ya que hubo una contradicción en las pruebas, pero que confían en que no cambiará el panorama puesto que las pruebas son las mismas.

“Al reanudarse otra vez (el juicio) como lo ordena la Sala, no cambiará nada, porque con las pruebas se comprobará lo que ya se demostró”, acotó. Por último señaló que analizarán las acciones a tomar junto al MP.