Tras una semana de análisis, los magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones están próximos a informar si los señalamientos de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público (MP) ameritan retirarle la inmunidad a Arnoldo Medrano, jefe edil de Chinautla.

El pasado 15 de enero la Contraloría presentó una denuncia penal, en la que refería que exmiembros de la Corporación Municipal de Chinautla, incluidos el actual alcalde, delegaron el cobro del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI) a la empresa Dinámica Constructiva (Dimaco),  la cual no tenía la facultad de prestar dicho servicio.

En consecuencia, la Sala Tercera nombró a la jueza Vilma Militza Paredes para que ejerciera las pesquisas contra el funcionario municipal, que en su defensa se argumentó que 63 municipalidades de todo el país han concesionado el cobro de dicho impuesto.

Sesenta días después, Paredes recomendó que Medrano debe perder su inmunidad para ser investigado como un ciudadano normal; mientras que los abogados argumentan que dicho contrato ya fue rescindido.