«Voy a declarar sobre el genocidio», afirmó el sacerdote Ricardo Falla esta mañana en una nueva audiencia de declaración dentro del proceso por genocidio presidida por Eduardo Cojulún, juez undécimo de Primera Instancia.
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El sacerdote jesuita, antropólogo y escritor de Masacres de la Selva, entre otros libros, narró los hechos y las estrategias utilizados por el Ejército y el Estado Militar durante la masacre de San Francisco, 17 de julio de 1982.
El religioso explicó que la estrategia de la guerrilla era «llegar de una insurrección desde la periferia hasta la ciudad» y que la estrategia contrainsurgente fue «comenzar en la ciudad, decapitar a esos líderes para imposibilitar la insurrección final que se daría, según la teoría revolucionaria, en la ciudad».
Falla refirió que don Mateo Paiz, a quien entrevistó a principios de septiembre de 1982, presenció los hechos desde pocos metros, escondido dentro de la habitación donde masacraron a los hombres; éste le narró: «Los militares llegaron temprano, separaron a hombres y a mujeres con los niños; empezaron con ellas, se oye un rafagazo, gritan y después las van sacando, las llevan a sus casas, allí las violan, no pueden quemar las casas porque está lloviendo, y luego bajan a los niños: como arrollándolos y después los somataban en contra de un palo y así fueron acabando uno por uno a los niños».
El declarante explicó que el anterior fue uno de los argumentos más fuertes de la existencia de genocidio porque se mató a grupos «no por ser guerrilleros ni por ayudar a la guerrilla sino por pertenecer al grupo de San Francisco».
Miguel íngel Albizures declaró sobre la represión hacia sindicalistas entre 1970 y 1980, donde fueron desaparecidos más de 500 líderes y unos 2 mil miembros de sindicatos.
Organizaciones Pro Derechos Humanos exigieron esta mañana frente a la Corte Suprema de Justicia la destitución del Fiscal Hans Noriega, coordinador de la Fiscalía a cargo de investigar los hechos de genocidio en el país.
Los activistas calificaron de «irresponsables» las declaraciones de Noriega en las que argumenta que la fiscalía trabaja en la individualización de los responsables de actos denunciados y justifica la ausencia de la fiscalía a las diligencias solicitadas por la comisión rogatoria española.
Los denunciantes pidieron además a Juan Luis Florido, fiscal general de la Nación, que haga pública la política del MP ante los casos en mención.