El pago de los impuestos es una obligación que debería establecerse paralelamente al derecho de disfrutar de los servicios que provee el Estado. Y menciono el “debería” porque como muchos lo han notado, en la práctica estos dos factores no tienen una relación recíproca en la mayoría de ocasiones.

Las leyes establecen que se debe cumplir a cabalidad con el pago de los tributos que exige la Superintendencia de Administración Tributaria, la temida SAT, porque fallar con esa obligación puede implicar desde el pago de una cuantiosa multa hasta una pena de cárcel.

Sin embargo, nada garantiza a los contribuyentes que haya un hospital disponible para atender una urgencia o una escuela adecuada para los estudiantes, porque las instituciones públicas dedicadas a la salud y la educación están en condiciones precarias.

Tampoco se garantiza la asistencia alimentaria para las familias que no tienen comida o seguridad ciudadana –en ningún departamento– para las poblaciones cooptadas por los grupos criminales, y no hay una sola excusa válida por parte de las autoridades por su ineficiencia.

Por otro lado, los guatemaltecos solo tenemos que conformarnos con lo poco que recibimos de vuelta, y seguir pagando el impuesto al valor agregado, el impuesto único sobre inmuebles, el impuesto sobre la renta y otros más, que limitan nuestra calidad de vida y la de nuestras familias.

Esta historia es vieja, pero la nueva y verdaderamente sorprendente, es que ahora la SAT considere crear un nuevo impuesto para los pequeños comerciantes –tiendas y vendedores de mercados– y ampliar la base tributaria con el registro de las pequeñas y medianas empresas, como salones de belleza, tiendas y carnicerías, entre otros.

No me cabe la menor duda de que estos planteamientos solo agravarían la ya complicada situación de la clase media, que recibe poco o nada del Estado a cambio de los impuestos que ya paga, y supondría desincentivar la formación de nuevas pymes, que podrían generar nuevos empleos.

Es comprensible la necesidad de captar más recursos para el funcionamiento de las instituciones públicas, pero no se puede castigar a un grupo que ya es exprimido por el ‘sacajugos’ tributario sin considerar la complicada situación económica.

Si se trata de ampliar la base tributaria y de justicia tributaria,  en primer lugar habría que crear impuestos para los negocios más lucrativos, como las iglesias, los colegios y universidades, y las ventas de drogas, que han generado varias fortunas exentas del pago de impuestos.

Y paralelo a eso es necesario hacer más eficiente el gasto público, castigar a los corruptos y mejorar la fiscalización de los recursos, que muchas veces se despilfarran en programas y proyectos que no generan un beneficio para los guatemaltecos.

Lo malo no es pagar impuestos. Lo malo es que se castigue a un grupo con una pesada carga fiscal en medio de la adversidad económica, se exima de obligaciones tributarias a grandes fortunas y que los recursos se pierdan entre la corrupción y la ineficiencia.