Viendo la forma tan errática en que se comporta nuestra Cancillería, que permitió que el Presidente quedara expuesto al desaire de Castro sin advertirle que no debía decir que una de las ilusiones de ir a Cuba era ver a Fidel, es necesario que abordemos con seriedad el delicado tema de la decisión de someter a la Corte Internacional de Justicia el tema del diferendo con Belice, puesto que si nuestra política exterior ha sido una especie de cenicienta a lo largo de muchos años, pareciera como si en las actuales condiciones el descuido, producto del desconocimiento e improvisación, alcanza dimensiones tremendas.
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Platicando esta semana con Mario Quiñónez Amézquita, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Cerezo en los albores de la llamada apertura democrática y con quien luego coincidimos en el Consejo de Belice, me expresaba su preocupación por el hecho de que no tengamos en el país profesionales que tengan la experiencia necesaria para litigar en esa Corte, lo que nos obligará a contratar a «expertos» extranjeros que no tienen ninguna identificación con el caso de Guatemala y a quienes lo que les interesa son los honorarios que han de ser sumamente abultados para que se hagan cargo de la representación de nuestros derechos.
Y, por supuesto, siempre será una contratación «sin leipa», puesto que ganen o pierdan devengarán sus honorarios y eso nos retrotrae al caso de la conciliación última en la que quien fue contratado para representar a Guatemala cobró pero a la hora de la hora dio su punto de vista a favor de Belice y no de los intereses del país que le estaba pagando.
Comentamos con Mario que por la formación de quienes dirigen la Cancillería, lo que más les interesa es el tema del comercio pero que tienen poco conocimiento y menor interés por el asunto de Belice. En opinión de él, se trata de una «solución» que pretende ponerle fin al diferendo en una tácita renuncia a toda reclamación o reserva de derechos. El caso es, me dijo Mario, que Belice no es de ellos y por lo tanto no pueden actuar así.
No dudo que mucha gente en Guatemala considera que el tema de Belice debe finiquitarse tal y como parece ser la idea de la Cancillería, es decir, dejando que una Corte Internacional nos mande al chorizo con cualquier reclamo y cerrando así la página de la historia. Pero la verdad es que tiene que hablarse con propiedad del tema y cuando se someta a la consulta popular la decisión, la gente tiene que estar bien informada. Si el gobierno de Colom lo que pretende es clausurar el expediente, debemos saberlo para que quienes comparten ese punto de vista voten a favor. Pero si se pretende realmente dirimir jurídicamente la controversia, es indispensable que sepamos quién tendrá la representación de Guatemala para el reclamo y cuales serán las exigencias y los argumentos en que se puedan fundamentar. Por supuesto que no se puede pretender que el alegato se haga totalmente público desde ese momento, pero por lo menos que se fijen los parámetros de lo que deberá exigirse a los abogados internacionalistas que cobren por llevar nuestro caso ante la Corte. Con la cancillería actual, que ha mostrado suprema incapacidad en el diseño de una atinada política exterior, es lo menos que se puede pedir.