Las máximas autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario tení­an conocimiento, desde el nueve de febrero anterior, de la posible existencia de armas en manos de reos de la cárcel de máxima seguridad El Boquerón, ubicada en Cuilapa, Santa Rosa, donde el 25 del mismo mes fueron asesinados cuatro agentes de la Policí­a Nacional Civil.

El entonces director de ese centro carcelario, Manuel Antonio Recinos Aguirre, actualmente en prisión por la muerte de cuatro agentes de la Policí­a Nacional Civil en ese reclusorio, envió con fecha ocho de febrero el oficio número 106-2007 al director de seguridad de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Luis Alfonso Juárez, advirtiéndole de la posible existencia de armas de fuego en manos de los reos.

Sin embargo, las autoridades penitenciarias no ordenaron realizar alguna requisa, y el domingo 25 de febrero por la tarde se produjo la muerte de los agentes investigadores de la Policí­a Nacional Civil (PNC) Luis Arturo Herrera López, José Korki López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Langel Escobar, detenidos por su presunta participación en la muerte de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y su piloto.

Los parlamentarios Eduardo D’Aubuisson, José Ramos González, William Pichinte Rizzier y su piloto Gerardo Napoleón Ramí­rez, todos de origen salvadoreño, fueron asesinados y sus cuerpos, al igual que la camioneta en la que se conducí­an, totalmente calcinados, la tarde del 19 de febrero en un terreno ubicado a 30 metros del kilómetro 36 del camino de terracerí­a que conduce a la aldea Santa Rosita, finca La Concha, aldea El Jocotillo, municipio de Villa Canales.

Como presuntos responsables del cuádruple crimen fueron capturados, el jueves 22 de febrero, los cuatro investigadores de la PNC y trasladados por orden verbal del director general del Sistema Penitenciario Ví­ctor Rosales a la cárcel El Boquerón, donde fueron asesinados la tarde del domingo 25 del mismo mes.

Por los crí­menes dentro de la prisión fueron capturados el director de turno Manuel Antonio Recinos Aguirre, el alcaide Vladimir López y López y 22 agentes de la guardia penitenciaria que estaban de turno la tarde del domingo 25 cuando se registraron los hechos.

En el documento enviado por el director de la cárcel, Recinos Aguirre, manifiesta que los guardias a cargo de la seguridad de ese centro le informaron que el reo íngel Gabriel Reyes Marroquí­n, integrante de la mara Los Cholos, les solicitó una caja de tiros calibre 10 milí­metros, pero que posteriormente les dijo que era una broma.

De esa cuenta se despertó la sospecha que algún reo pudiera tener armas en su poder, por lo que Recinos Aguirre informó a sus superiores, con la intención de que realizaran una requisa, la cual nunca se realizó.

Por tal razón, los familiares del director Recinos Aguirre consideran que las autoridades no actuaron a su debido tiempo, y que los ahora detenidos por los crí­menes dentro de la prisión, solamente son chivos expiatorios.