El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Fernando Berrocal, dejó su cargo de manera sorpresiva para no tener que comparecer, hoy, ante el Congreso, donde debía informar sobre los presuntos vínculos de las guerrillas colombianas y el narcotráfico con políticos costarricenses.
La salida de Berrocal del ministerio de Seguridad provocó airadas reacciones entre fuerzas políticas aliadas y opositoras del gobierno en el Parlamento.
El Partido Acción Ciudadana (PAC), principal de oposición, y el Movimiento Libertario, dijeron que si Berrocal no acudía al plenario debía hacerlo el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, hermano del presidente Oscar Arias.
La jefa de la fracción parlamentaria del PAC, Elizabeth Fonseca, dijo que la salida de Berrocal «deja más dudas que respuestas».
Berrocal anunció su partida del gobierno la tarde del domingo, luego de ser convocado a una reunión en la residencia particular del presidente Arias, quien se hizo acompañar del ministro de la Presidencia.
Berrocal había desatado un polvorín político hace tres semanas, cuando insinuó que políticos costarricenses, a los que no identificó, tenían relación con las FARC y el narcotráfico colombiano.
Tal denuncia motivó una airada reacción de las fuerzas políticas que aprobaron una moción en el Congreso para pedir que Berrocal compareciera este lunes a dar explicaciones sobre sus manifestaciones.
La denuncia de Berrocal se produjo luego de que las autoridades allanaran la residencia de una pareja de ex catedráticos universitarios costarricenses, que guardaban desde 1998 un lote de 480 mil dólares pertenecientes al «canciller» de las FARC, Rodrigo Granda.
El ministro Arias dijo este lunes a radioemisoras locales que con la salida de Berrocal «el gobierno no está ocultando absolutamente nada, es totalmente transparente».
Arias dijo que en vez de «politizar» el caso en la Asamblea Legislativa, lo que el gobierno busca es «reorientar el tema hacia los estrados judiciales y a través de una comisión legislativa que aborde el caso con serenidad».
Las manifestaciones de Berrocal, que desde que asumió el cargo en mayo de 2006 incautó más de 50 toneladas de cocaína y desmanteló varias redes del narcotráfico, también provocaron reacciones de la embajada de Colombia y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Ello, por cuanto Berrocal insinuó que el otorgamiento de 10 mil cupos para refugiados por ACNUR y el gobierno de Miguel íngel Rodríguez en 2000 y 2001 habría obedecido a hechos de supuesta corrupción y no a «altruismo», y afirmó que entre los refugiados muchos eran delincuentes.
El ex ministro de Seguridad durante los gobiernos de Rodríguez y Abel Pacheco (2002-2006), Rogelio Ramos, dijo que antes de 2000, cuando las FARC no se habían vinculado con el narcotráfico, sus representantes «se paseaban como Pedro por su casa por todo el mundo, incluso eran recibidos en el Vaticano, pues eran considerados como fuerza beligerante».
Ramos dijo que se debía hacer una diferencia entre las FARC cuando eran consideradas como fuerza beligerante, y cuando algunos políticos costarricenses, incluido el actual presidente, buscaron mediar por la paz, y las guerrillas «ya convertidas en organización criminal y narcotraficante».