Según el analista Héctor Rosada, la situación de violencia e inseguridad que atraviesa actualmente el país es a consecuencia de una decisión del Estado, la cual se orientó a no «descontrainsurgentizar la contrainsurgencia», con el término simbólico del proceso de paz, en 1996.
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Las declaraciones del investigador social se dieron hoy en el marco de la celebración del primer Seminario Nacional de Sectores Sociales para discutir sobre crisis económica, inseguridad y justicia, organizado por el Consejo de Instituciones de Desarrollo (Coinde).
«Se debe aclarar que la violencia que estamos viviendo es producto directo de una decisión de Estado que se dio en 1996 cuando terminó simbólicamente el proceso de negociación por la paz. Esa decisión se orientó a no descontrainsurgenrtizar la contrainsurgencia», refirió.
A criterio de Rosada, Guatemala tiene problema, de grandes dimensiones, frente a sí, el cual podría degenerar en una regresión autoritaria.
«Con el avance de la narcoactividad y el avance de la expresión de los grupos militares de la narcoactividad, que están generando una nueva amenaza militar de carácter interno, nos va a llevar, porque las condiciones están dadas, a una nueva regresión autoritaria», enfatizó el analista político.
De acuerdo con Rosada, dentro del principio básico ideológico y teórico de las estructuras del poder del país todavía existen de una política contrainsurgente, cuya única diferencia estriba en que la misma ahora está privatizada.
«No es sólo quitarle la orden a aquel grupo humano que fue capacitado y entrenado para agredir a la población, para ejercer violencia, para hacer ejecuciones extrajudiciales, para cometer genocidio», reiteró el entrevistado.
INSEGURIDAD
El investigador se refirió a la denegación, por parte del Estado, de seguridad para el ciudadano común, ya que en la coyuntura actual, solo tienen ese derecho quienes pueden pagar por ella.
«Guatemala está entrando en un peligro neofeudalismo, bloques de poder distintos, chiquitos, donde no existe la posiblidad de que el subalterno, la clase dominada; campesinos, obreros, tengan la garantía de la seguridad», aseveró.
Finalmente Rosada estimó que, el país está frente a un Estado que no garantiza lo que la Constitución Política de Guatemala le indica claramente: la paz, seguridad y soberanía.