Los jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha) dieron por terminado el diálogo de paz con el gobierno del presidente Alvaro Uribe, aunque sin retomar las armas, tras protestar por el traslado de 59 de ellos a una cárcel de alta seguridad hace cinco días.
Le notificamos directamente al señor comisionado que este proceso de paz se da por terminado. Es todo, dijo el portavoz de las AUC Ernesto Báez desde la cárcel de Itagí¼í (noroeste), donde se reunió durante más de tres horas el miércoles con el alto comisionado de paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo.
Báez aclaró que ello no implica un retorno a las armas y que cumplirán el compromiso de responder ante fiscales por unos 9.000 crímenes que les atribuyen y revelar sus nexos con políticos, militares y empresarios. A cambio esperan se cumpla una ley que les concede penas reducidas por su desmovilización.
Sin embargo, enfatizó que no pueden responder por lo que harán unos 30.000 ex combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), incluyendo 1.500 mandos medios y unos 20 de sus grandes líderes que no están detenidos.
La comisión de paz del Congreso se ofreció a mediar ante los paramilitares, después de recibir un pedido de los líderes de las AUC, anunció el representante a la Cámara (baja), Mauricio Lizcano, presidente de esa célula legislativa.
Lizcano dijo que este jueves los miembros de esa comisión ofrecerán entrevistarse con los líderes de ultraderecha para buscar que reanuden la negociación.
Uribe ordenó el viernes el traslado a Itagí¼í, en el departamento de Antioquia, de los 59 paramilitares, entre los que se encuentran algunos de sus máximos jefes, por sospecha de que planeaban fugarse y ordenaban crímenes desde un antiguo centro vacacional donde estaban recluidos.
Báez calificó como un vil montaje esas acusaciones y consideró sospechoso que el traslado se diera justo dos semanas después que los líderes de las AUC anunciaron que estaban listos a contar toda la verdad sobre la forma como militares, políticos y empresarios, les brindaron apoyo y financiación.
Expresamos una voluntad de decir la verdad y cuando esa expresión se hizo pública de inmediato el aparato represor del Estado trató de cerrarnos la boca denunció el jefe paramilitar en una amplia entrevista transmitida a la medianoche del miércoles al jueves por el canal RCN.
Las revelaciones prometidas por los paramilitares podrían alimentar las pesquisas de la Corte Suprema de Justicia contra congresistas cercanos a Uribe por sospechas de que ayudaron a crear grupos de ultraderecha en departamentos de la costa Caribe (norte) e instigaron masacres de campesinos.
Tres de esos parlamentarios han sido detenidos y otros seis han sido llamados a interrogatorio, entre ellos Alvaro Araújo el influyente hermano de la actual canciller.
Mientras tenía lugar la reunión en Itagí¼í, Uribe aprovechó para subrayar en una ceremonia militar que aquellos que no cumplan con el proceso de paz o que, sin haberse sometido a la ley, continúen delinquiendo, tienen que ser perseguidos con la fuerza implacable de nuestra institución armada.
Uribe ya había amenazado la semana pasada con extraditar a Estados Unidos a los jefes paramilitares solicitados por narcotráfico, si reinciden en la violencia.
El ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, negó que se hayan incumplido compromisos a los paramilitares.
Yo no creo que les haya incumplido el gobierno. Ellos se pusieron a hacer cosas que no estaban dentro de las reglas de juego y sabían el riesgo que corrían señaló.
A la reunión de la cárcel de Itagí¼í, asistieron también el jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que supervisa el proceso, Sergio Caramagna, y el obispo católico Julio César Vidal, mediador en las negociaciones, quienes reconocieron de la gravedad de la crisis.
Las cosas son bastante complejas y difíciles, la crisis es muy fuerte, hay que hacer una exhortación a defender y afirmarse en la continuidad del proceso, dijo Caramagna a la AFP.