El jurista titular del Juzgado Primero de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, antes de enviar a juicio al general retirado Efraín Ríos Montt, debe resolver siete recursos planteados por la defensa del acusado, en donde destaca la pretensión de inhabilitar jurídicamente el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), ya que los abogados defensores desacreditan y cuestionan el valor probatorio del mismo.

Nery Rodenas, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala –ODHAG–,  opina que la propuesta de desacreditación tendrá que considerarla el juez, pero que el Informe tiene un valor probatorio; asimismo indica también que en ocasiones anteriores sí ha sido aceptado.

No obstante, Rodenas manifiesta que “no es correcto que se ponga en duda el documento, porque fue realizado bajo investigaciones sólidas y en el mismo se señalan los procedimientos para que sea utilizado”; sin embargo, el vocero considera normal que se trate de desestimar el valor probatorio del mismo.

Eduardo de León, representante de la Fundación Rigoberta Menchú, indica que estas acciones por parte de los abogados y acusados, prueban que harán cualquier cosa que permita que se demore el proceso. “Luego de la resolución del juez, en el cual se les liga a proceso, por las propias connotaciones de la resolución está claro que argumentarán en todo lo que sea posible, con la intención de retrasar y entorpecer el caso” opina de León.

“En un principio, el general Ríos Montt opinó que daría lugar a que la justicia opere en su proceso; pero estas acciones lo contradicen, lo que no le sorprende a nadie” afirma de León.
DENUNCIA CONTRA EXGUERRILLEROS
Respecto a la denuncia presentada ayer por Marco Quilo y Ricardo Méndez Ruiz, en contra de 100 exguerrilleros, en la cual también manifestaron que el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico era un documento “parcializado”,  Eduardo de León señala que van en la misma línea de los otros exmilitares, es decir, retrasar avances en los procesos.