Lastimosamente no ha sido sólo el conflicto armado interno el que marca nuestro destino de ser una sociedad fragmentada, excluyente y proclive a la confrontación. Una sociedad poseedora de un conjunto con tendencias agresivas que nos están orillando a que se acentúe una terrible patología colectiva. Convivimos con la violencia. Se le «tolera» como a la injusticia o la impunidad. Nos refugiamos en nuestras limitaciones y condenamos al Estado por su incapacidad, olvidando o negándonos que cuando se trata del Estado, también tenemos responsabilidad.
Si las tres décadas que duró la confrontación entre la guerrilla y el aparato estatal no es la explicación satisfactoria para deducir el porqué de nuestra aceptación y «normalidad» ante tantos hechos sangrientos ocurridos y que siguen ocurriendo, hemos de ver hacia otras latitudes para intentar entender este tenebroso escenario.
La existencia de nuestra actitud discriminatoria no es un reflejo producido en el marco de aquellas tres décadas ya mencionadas. Antes bien, el tema de acusar nuestras dolencias sociales a la existencia de los «indios», usando ese término con toda su peyorativa histórica, reitero, que no es algo exclusivo del siglo XX y arrastrado aún hacia los albores del actual. El racismo como perversidad socialmente aceptada es el punto de partida para expresar otro tipo de manifestaciones de desprecio. Inclusive el desprecio por la vida. Pues la vida de «otros» no necesariamente significa que les califiquemos como nuestros semejantes.
La contundencia con la que se ha marcado la sangre que ha corrido en contra de los pilotos de los autobuses tiene un mensaje que provoca una cascada de efectos y acentúa nuestro defecto racista. Golpea de paso a la economía de los mayoritarios sectores populares y hace proclive la gesticulación de todo tipo de suertes en contra del gobierno. Además acentúa ese morbo que suele acompañar las manifestaciones enfermizas en las que estamos envueltos como sociedad. En efecto estamos rodeados de violencia y nos escandalizamos momentáneamente, pero al final, después de un lapso, nos «acostumbramos».
Para los responsables de la seguridad pública el desafío se complica cada vez más. No se vislumbra una efectiva coordinación entre la fase del manejo de la «escena del crimen» y las acciones subsiguientes de la investigación criminal. El divorcio entre policías, agentes del Ministerio Público y los jueces es otro escenario que acentúa la limitación para superar las barreras que ha impuesto la impunidad. Y ese fenómeno tampoco es cosa de pocos años. Tanto el racismo arriba apuntado, como la impunidad prevaleciente y la aplicación de la justicia al sabor de las mieles de la riqueza son parte del todo por resolver. Y si en uno de tres el Ejecutivo no se puede meter, con facilidad continuaremos en ese círculo vicioso que no se podrá romper.
Hacia donde veamos en este complejo urbano, habremos de irnos «familiarizando» con el horror de hacer parte de nuestra cotidianidad la sangre derramada en la vecindad. Es trágico este destino que sólo se manifiesta como un desatino más de nuestra enferma sociedad. Rodeados y acostumbrados a la violencia. Condenados a la cárcel del terror. Encerrados en nuestra mediocridad. Los otros efectos que no los logramos visualizar como los defectos que son.