Los polí­ticos en el Congreso de Guatemala dudan del estado de Calamidad que en prevención y mitigación de la epidemia de influenza tipo A H1N1, fue decretado por el Gobierno.

Creen que es concepto que no está bien definido. Fredy Viana Ruano, diputado de la bancada Patriota, expresó que están desconcertados porque después de leer detenidamente los artí­culos del Decreto gubernativo 7-2009, están frente a la restricción a la libertad de acción y a la libertad de locomoción.

«Vemos intereses velados que sean para restringir las actividades del Partido Gana y el Partido Patriota porque se aproximan sus asambleas nacionales», puntualizó Viana Ruano.

Criticó seriamente que se esté otorgando libertad para decidir a las autoridades departamentales, porque, dijo, «Todos sabemos que la discrecionalidad todo lo trastorna».

Asimismo, el diputado Viana Ruano afirmó que el Gobierno, ante los problemas de pobreza y violencia, necesita desviar la atención de las personas.

HABíAMOS GASTADO

Jaime Martí­nez Loahyza, potencial secretario general de la Gran Alianza Nacional, dijo que como bancada y como bases están preocupados por lo que está ocurriendo, «porque nosotros ya tenemos una logí­stica, un montaje desde hace meses y eso vino a perjudicar nuestra asamblea nacional que es el 17 de mayo».

Comentó que están haciendo consultas al Organismo Ejecutivo y al Tribunal Supremo Electoral para saber si es posible realizar el evento, si no pues acatarán la medida, aunque ya gastaron el dinero y se verí­a frustrada la llegada de unos 15 mil simpatizantes, comentó Martí­nez Loahyza.

DESCONTENTO

Mientras no nos prueben lo contrario, creemos que haber impuesto el Estado de Calamidad es una excusa para hacer compras sin licitación y detener cualquier protesta social que pudiera surgir como consecuencia de los temas legislativos de Alianza Pública Privada o la Franja Transversal del Norte y otras, apuntó Héctor Nuila, de URNG.

Aní­bal Garcí­a, diputado independiente, analizó que hay dudas de cuáles van a ser los alcances reales, ya que bastaba que enfrentaran esta situación con el Código de Salud, que es un buen referente legal, además de las medidas migratorias.

Con la restricción a que la gente exprese lo que la ley no prohí­be o limitando la movilización de personas, estamos frente al riesgo que las autoridades cometan abusos. Garcí­a y Nuila reconocen que el Estado está frágil ante cualquier eventualidad pero hay otras fórmulas para reducir los riesgos.