El rechazo de México a aceptar condiciones de Estados Unidos para la transferencia de equipos y apoyo logístico contemplados en la Iniciativa Mérida de apoyo al combate al narcotráfico generó acusaciones cruzadas sobre las responsabilidades para frenar el flagelo.
El gobierno de México, a través de su ministro del Interior, Juan Camilo Mouriño, consideró ayer «inaceptable» que la Iniciativa Mérida esté supeditada a un seguimiento sobre los eventuales abusos a los derechos humanos por parte de los militares que actúan en operativos contra el narcotráfico.
«La incorporación de medidas o evaluaciones unilaterales que pretendieran condicionar el ejercicio, en el desarrollo de la Iniciativa (Mérida), de los recursos comprometidos resultaría, al mismo tiempo, profundamente contraria a su objetivo y espíritu y contraproducente. Sería por ello inaceptable», dijo Mouriño.
Aunque ambas cámaras del Congreso estadounidense difieren sobre el monto para la ayuda a México y América Central, cuya propuesta original es de 1.550 millones de dólares en tres años, los dos órganos legislativos lo condicionaron a un «seguimiento sobre los esfuerzos de México» para evitar violaciones a los derechos humanos. Aún falta conciliar ambas iniciativas y votar una.
En ese marco, México le reclama a Estados Unidos que cumpla con su parte de responsabilidad en el combate al narcotráfico y en este sentido le endilga que es el principal mercado de consumo mundial.
Una escalada de violencia inédita se registra en las últimas semanas en la frontera de México con Estados Unidos, atribuida a las disputas entre los cárteles de la droga del país latinoamericano por el dominio del trasiego hacia el vecino del norte.
En tanto, desde Estados Unidos proviene la mayor parte del sofisticado armamento que portan los sicarios en México, incluso muchas veces más moderno que el usado por las fuerzas de seguridad, según autoridades mexicanas.
Ante tres gobernadores de estados fronterizos norteamericanos y su embajador, el presidente de México, Felipe Calderón, sostuvo la semana pasada que la violencia fronteriza desatada por el narcotráfico obedece a que Estados Unidos «es el mercado más grande del mundo».
Un día después, el embajador estadounidense, Antonio Garza, replicó que el consumo de drogas se da no sólo en su país sino también en México y constituye «una plaga» que mina la seguridad de ambas naciones.
El gobierno conservador de Calderón ha desplegado un amplio operativo con 36 mil militares para contener la escalada de violencia desatada por los cárteles de la droga, que ha dejado unos 1 mil 500 muertos desde comienzos de año.
En el marco de los dispositivos de seguridad en los estados más afectados por el narcotráfico, varias organizaciones no gubernamentales han denunciado casos de violaciones a los derechos humanos por parte de militares que afectaron a la población civil.