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El Congreso busca crear la ley del registro móvil, que estaría enfocada en prevenir y combatir el robo de celulares en el país, a través de un proceso de controles registrales de las terminales móviles. Este proyecto legislativo cobra especial relevancia debido al impacto que tiene el robo de celulares en la inseguridad.

El año pasado se contabilizaron cerca de 142 mil 745 robos de móviles y se estima que cada mes más de 12 mil celulares son robados, aunque las autoridades manejan diferentes cifras sobre este delito.

Para alcanzar consensos en el Congreso, los diputados tuvieron que realizar diferentes mesas de diálogo, en las que participaron los representantes de las tres empresas de telefonía móvil con operaciones en el país y organizaciones de la sociedad civil, que durante mucho tiempo discreparon sobre la propuesta.

A un inicio la propuesta de normativa no contaba con el apoyo de los diferentes sectores y los mayores oponentes a la iniciativa eran las tres empresas de telefonías que existen en el país argumentando que la forma en que se planteaba la solución en realidad no era efectiva.

No obstante, el proceso se aceleró tras los últimos hechos violentos que generó el robo de celulares, como el caso del asesinato del estudiante Leonel Alejandro Guillén, que causó en la sociedad desconcierto e indignación.

Ese caso despertó una esporádica movilidad entre los guatemaltecos que los hizo salir a la calle a exigir más seguridad, pero también acciones específicas para frenar el robo de los teléfonos.

Finalmente, la iniciativa modificada por la Comisión legislativa de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas fue aprobada y tuvo dictamen favorable, luego de que el año pasado los diputados decidieron sacarla del Pleno, tras el primer dictamen que había surgido de dicho proyecto de ley.

Ahora, con consensos y el dictamen, solo falta que se agende en jefes de bloque y el Legislativo apruebe la Ley, pero de cualquier manera habrá que esperar a su aprobación e implementación para determinar la efectividad que pueda tener la normativa para reducir las cifras de robos.

LA INICIATIVA

Representantes de las comisiones Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia y de Comunicaciones confirmaron que emitieron un dictamen favorable a la iniciativa 4507.

Las medidas se aplicarían a los compradores y vendedores de celulares robados y establecerían una restricción del uso, portación y comercialización de los equipos móviles que sean denunciados como robados, hurtados, extraviados o alterados.

La iniciativa prohíbe también el uso de celulares en cárceles, tanto para reos como para las autoridades y empleados del Sistema Penitenciario.

Si fuera aprobada, la legislación crearía 11 figuras delictivas con penas de seis a 15 años inconmutables.

Además, las tres empresas de celulares tendrían un plazo de tres meses para registrar todos los aparatos móviles, y la Superintendencia de Telecomunicaciones contaría con los datos de usuarios y comerciantes que venden chips y celulares, según la prensa local.

La propuesta estipula la creación de una lista de importadores, exportadores y ensambladores independientes o personas jurídicas, quienes deberán registrarse en la Superintendencia de Telecomunicaciones para que sean autorizados para comercializar o reparar los aparatos móviles.

En el 2011 y 2012 se presentaron propuestas similares, pero no fueron aprobadas por el Organismo Legislativo.

CON ACUERDOS

De acuerdo con Ricardo Sagastume, representante de las empresas Tigo y Claro, los operadores de telefonía móvil están de acuerdo en la propuesta de ley, ya que conserva las sugerencias que las empresas hicieron a la comisión legislativa.

Sagastume ve destacable que se eleve las sanciones por el robo de celulares, ya que de esa manera evitaría que los delincuentes salgan pronto de la cárcel y reincidan.

Asimismo, ve positivo el vincular el número telefónico al usuario y no el IMEI (International Mobile Equipment Identity – Identidad Internacional de Equipo Móvil), indicó.

El diputado Luis Pedro Álvarez, de la bancada Encuentro por Guatemala (EG), aseguró que sí hay viabilidad para que la iniciativa de Ley pueda ser aprobada, dado que cuentan con el apoyo del grupo oficialista, que es el bloque legislativo con más congresistas.

Esto, según Álvarez, se debe a que el presidente de la Comisión que impulsa la propuesta es oficialista y ha manifestado interés en que la propuesta avance.

Según el presidente de la Comisión legislativa de Comunicaciones, Transporte y Obra Pública, Luis Contreras, del oficialista Partido Patriota (PP), en la mayoría de artículos de la iniciativa existen acuerdos entre los diferentes sectores involucrados.

De conformidad con  lo expresado por el diputado del PP, en el Congreso es muy probable que la iniciativa sea aprobada, porque es muy riesgoso que un político se quiera negar a su aprobación.

Combatir el robo de celulares es una necesidad que la ciudadanía solicita con insistencia, dice el legislador, quien considera que la Ley debe ser una realidad para que se aplique con prontitud.

MÁS SEGURIDAD ES LA CLAVE

De acuerdo con esto, Carmen Aída Ibarra, presidenta del Movimiento Pro Justicia, aseguró que la organización está de acuerdo con lo que indica la propuesta, que ha sido discutida durante varios meses en el Congreso.

Sin embargo, aclara que la ley sería sólo una herramienta para las autoridades encargadas de la seguridad y no la solución para el problema del robo de celulares que actualmente perjudica a los guatemaltecos.

Ibarra explicó que la solución al problema debe ser reforzando la seguridad en el país,  la cual consiste en la desintegración de las grandes estructuras criminales que se dedican al robo de celulares.

“Es que de nada sirve atacar al ladrón, si no se desarma la estructura”, detalló la representante del movimiento Pro Justicia.

El legislador Álvarez también reconoce que la ley sólo es una herramienta para combatir el robo de celulares, pero señala que las soluciones de fondo se encuentran en manos de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y Organismo Judicial (OJ).

De estas instituciones depende que se apliquen sanciones en contra de los ladrones o estructuras criminales que cada día atacan a los guatemaltecos, puntualizó.

NO A LO ROBADO

Con la penalización de la adquisición de celulares robados, se pretende  que los ciudadanos dejen de alimentar la cadena del crimen, dado que los ladrones encuentran mercando para los aparatos robados en personas que adquieren los bienes, a sabiendas que no son de legítima procedencia.

Un congresista que pidió que se omitiera su nombre, manifestó que “es muy importante que las telefónicas puedan hacer una buena implementación de la ley y hacer todo lo que está a su alcance para que las terminales robadas no seas activadas porque se debe tratar de utilizar la tecnología al máximo; es necesario que el Gobierno ponga todo su empeño, porque ellos saben dónde se roban los celulares y dónde se comercializan, pero también es importante que los ciudadanos jueguen su papel y dejen de adquirir cosas robadas, porque aunque sea por necesidad (dado que son precios más baratos), ellos están incentivando y motivando el robo”, sentenció.