No me acuerdo de la primera vez que publiqué un artí­culo mediante el cual solicitaba a los diputados al Congreso de la República que, en primera instancia,  una de las decenas de comisiones de trabajo de ese organismo relacionada como con las comunicaciones electrónicas o asuntos similares, estudiara, analizara y presentara al pleno una iniciativa de ley encaminada a regular el uso, compra-venta y otras caracterí­sticas propias de la telefoní­a celular, para evitar que persista el lucrativo e ilí­cito negocio de los aparatos móviles que ha costado la vida de numerosos guatemaltecos.

Tampoco recuerdo las veces en que los vilipendiados padres de la patria intentaron la aprobación de una normativa que obligara el registro de teléfonos celulares, y de las ocasiones en que entablaron negociaciones con los representantes de las empresas transnacionales que controlan este apetecido sector del mercado, precisamente para impedir que los aparatos robados por pandillas de delincuentes se pongan de inmediato a la venta en diferentes sectores de la ciudad, a la vista y placer no sólo de consumidores, tan inescrupulosos como los rateros y revendedores, sino de agentes de la Policí­a Nacional Civil e investigadores y fiscales del Ministerio Público.

Pero todo ha sido en vano. Cualquier persona a la que le roban su artefacto telefónico o que desea adquirir un móvil a precio más bajo que el normal, simplemente llega a un costado del Centro Cultural Miguel íngel Asturias, antiguamente denominada La Placita Quemada, a los mercados de El Guarda y  La Florida y otros puntos más en donde encuentran celulares para todos los gustos, desde los más sencillos hasta los más complicados.
 
Ahora que van a debutar novatos diputados pareciera que renace la esperanza de organizaciones sociales y de personas individuales en cuanto a que los noveles parlamentarios tendrán renovados brí­os, y sin compromisos con las empresas trasnacionales de la telefoní­a celular, como para abocarse a una iniciativa que pretende establecer “el registro móvil para la prevención del robo de celulares y sancionar la extorsión”, que es el delito que cometen bandas de ladrones utilizando esos teléfonos, que “desempeñan un papel estratégico para cometer delitos en el paí­s”
 
Al respecto, el presidente de la Gremial de Telefoní­as Móviles afirmó que esa organización empresarial ya trasladó al MP bases de datos de los celulares robados, para identificar en qué áreas se comete ese delito, y que el decreto 09-2007 es suficiente para accionar contra los criminales. ¿Por qué, entonces,  no se captura, juzga y sanciona a los ladrones?

Porque además de aprehenderlos deben presentarse pruebas para comprobar el delito; los jueces deben imponer las penas previstas; las empresas telefónicas no deben autorizar que cualquiera coloque un nuevo “chip” a los móviles robados; el sistema penitenciario está obligado a evitar que desde los penales los delincuentes encarcelados ordenen a sus compinches que andan sueltos la comisión de los delitos.

 Para ajuste de penas, la Superintendencia de Telecomunicaciones reconoce que el artí­culo referente a la base de datos de teléfonos robados no funciona o no se aplica, porque carece de computadoras, en vista de que también se las robaron (¡!). No se trata, como puede advertirse, de un problema aislado, sino que es un complejo fenómeno criminal.
 
(A la chica que le robaron su celular, el policí­a Romualdo Tishudo le dice: –Cuando estoy frente a un diputado me surge un sospechoso instinto de desconfianza).