El juicio histórico por genocidio llegó a su fase final. Los querellantes adhesivos solicitaron una sentencia condenatoria en contra de José Efraín Ríos Montt, exjefe de Estado y José Mauricio Rodríguez Sánchez, exjefe de inteligencia militar, contra quienes el MP solicitó 75 años de prisión. Finalmente Ríos Montt dijo: “Les voy a contar mi historia”.

En la última audiencia en el debate oral y público por el delito de genocidio y deberes contra la humanidad, Ríos Montt le solicitó al Tribunal Primero A de Mayor Riesgo la palabra para declarar en el proceso en su contra.

No obstante, porque el Ministerio Público y los querellantes ya habían emitido sus conclusiones, el Tribunal consideró que no era el momento procesal oportuno para recibir su declaración, pese a esto el órgano accedió acotando que no podría ser interrogado porque  las conclusiones de acusación ya habían sido vertidas.

“Les voy a contar mi historia. Resulta que en 1974 gane las elecciones y había un régimen militarizado y me llamaron a esto, me llamaron a las elecciones y perdí. Se enojaron porque no salí a pelear”, relató Ríos Montt.

“Los jóvenes oficiales me llamaron a mí no porque fuera bueno, sino porque Guatemala tenía que superar la subversión grave en la que estaba. Cuando llegue como Jefe de Estado, la orden que di fue ‘vamos a trabajar en una democracia en ley’, teníamos que organizar el Estado”, indicó.

“Cuando llegué como jefe de Estado, hicimos una serie de arreglos a efecto de hacer estudios para establecer con quién íbamos a trabajar y de quién nos íbamos a defender. Por las circunstancias en las que encontré Guatemala tenía que reorganizarlo”, dijo.

“Las instituciones estaban minadas por la subversión. No podíamos respetar la Constitución, porque todo era una podredumbre, todo se cayó solo”, señaló.

Al momento de cierre de esta edición, Ríos Montt continuaba brindando su declaración ante el Tribunal de Sentencia, ante decenas de periodistas y cientos de personas que presenciaban la audiencia.

Los generales retirados estuvieron sentados en el banquillo de los acusados durante más de veinticinco audiencias, escuchando las declaraciones de testigos, peritos, expertos militares, entre otros profesionales, que confirmaron la acusación de la Fiscalía, que los señala por la muerte de 1,771 pobladores del área Ixil, asesinados entre los años 1982 y 1983, cuando Ríos Montt ejerció el poder por medio de un Estado de Facto.

QUERELLANTES
En el inicio de la jornada de este jueves, Edgar Pérez, de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), entidad que representa a los familiares y víctimas de las masacres cometidas en el área Ixil, tomó la palabra para presentar sus conclusiones y alegatos finales. 

Pérez manifestó que el juicio no debe interpretarse como una amenaza para el Estado, “porque es un momento necesario para discutir la historia negra del país como personas civilizadas y como manda la Ley, en una sala de debates porque estamos hablando de crímenes de trascendencia internacional”.

En consecuencia, solicitó que se emita una sentencia condenatoria. A esa petición también se adhirió Francisco Vivar, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

En tanto, la defensa se preparaba para presentar sus conclusiones, donde solicitaría que los generales retirados fueran absueltos de la acusación de genocidio y deberes contra la humanidad.

La tarde de ayer el MP solicitó una condena de 75 años de prisión a los militares retirados por dos delitos de lesa humanidad.