El deseo de que el Estado recupere zonas de Río de Janeiro en manos de delincuentes se instaló esta semana en la sociedad de la futura sede de los Juegos Olímpicos, tras un operativo policial que arrebató el control de varias favelas a traficantes.
Luego de una semana de enfrentamientos con la policía con saldo de 37 muertos a raíz de una ola de ataques a vehículos y puestos policiales, la reconquista del grupo de favelas Complexo do Alemao, al norte de Río, por las fuerzas de seguridad marcó un hito en la lucha contra el crimen organizado.
El operativo destinado a acabar con el denominado Comando Vermelho (Comando Rojo), uno de los grupos criminales más antiguos de Río y que tenía su base operativa en el «Alemao», pareció crear un consenso entre autoridades y población: el de querer recuperar espacios perdidos frente a los delincuentes.
«Esta conquista es un paso decisivo para nuestra política de seguridad pública», subrayó el gobernador del estado de Río de Janeiro, Sergio Cabral, cuando culminó la invasión del «Alemao» por unos 2.600 policías y militares, que como corolario de la acción izaron una bandera de Brasil en la cima del lugar.
La preocupación de autoridades, pero sobre todo de los vecinos, es que las fuerzas del orden se mantengan en la zona.
Un comerciante, que no quiso ser identificado por su nombre y pidió que no se revelara su ramo de actividad, dijo a la AFP: «He visto varias veces que la policía viene y se va, y los bandidos vuelven».
«Espero que esto mejore, pero temo que la policía se vaya y todo vuelva a ser igual. Temo represalias de los narcotraficantes», confesó.
El ex capitán del BOPE, la fuerza de choque de la Policía de Río, y ahora asesor en seguridad, Paulo Storani, dijo a la AFP que no hay duda de que una vuelta de los traficantes «ocurrirá si hay desocupación de la comunidad por parte de la policía. Ese fue un error cometido anteriormente».
Sin embargo, el gobierno estatal se mostró decidido a mantenerse presente en el Complexo do Alemao. El proyecto es instalar en el lugar Unidades de Policía Pacificadora (UPP), una iniciativa que ya ha permitido asegurar la presencia del Estado en 13 favelas de la ciudad.
El problema que se presenta es que los efectivos policiales no son suficientes para asegurar la ocupación del «Alemao», una inmensa superficie densamente poblada por entre 150.000 y 400.000 personas, según diversos estudios oficiales.
Por ello, la alternativa son los militares, que por ahora aseguran el cerco de la zona, pero no patrullan ni realizan allí tareas de seguridad propias de la policía.
«Las fuerzas (militares enviadas por el gobierno federal) hacen hoy el trabajo de contención, que es muy grande. Otra cosa es trabajo de patrullaje. Debido a los efectivos que necesitamos para ello, vamos a precisar en ese proceso de transición hasta la llegada de nuestra UPP, al final del primer semestre (de 2011), un contingente del Ministerio de Defensa», dijo Cabral.
El presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que dejará el poder el primero de enero de 2011, le aseguró al gobernante distrital ese recurso.
«Si la permanencia es mayor, vamos a tener que hacer otras instalaciones, particularmente de inteligencia, de operaciones y logística», explicó por su parte a la AFP el general de paracaidistas Fernando Sardenmberg, quien comanda la parte militar del operativo.
«Si esto no es mantenido, esto vuelve a ser lo que era», resumió.
Desde 2007, el gobierno de Cabral desarrolla una estrategia de seguridad cuyo componente principal es aumentar la presencia del Estado en zonas bajo control criminal.
Las autoridades de Río, que será subsede de la Copa del Mundo de fútbol en 2014 y albergará los Juegos Olímpicos en 2016, se enfrentan a un desafío colosal, pues unos dos millones de personas habitan en favelas y la violencia es endémica en la ciudad.
«Si llegamos al (Complexo do) Alemao, vamos a ir a la Rocinha y a Vidigal», afirmó el secretario de Seguridad del Estado de Río, José Beltrame, en alusión a otros dos bastiones del tráfico de drogas en la ciudad.
La futura presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que asumirá el primero de enero, también se mostró dispuesta a apoyar las acciones de seguridad en Río durante su mandato.