Según el decreto 6-2013, reforma al Código Procesal Penal publicada en el Diario Oficial ayer que entra en vigencia a partir de hoy, ya no se otorgarán medidas sustitutivas a quienes enfrenten un proceso penal por la reincidencia en la portación ilegal de armas de fuego.

Según la modificación al Código Penal que reforma el cuarto párrafo del artículo 264, señala que no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra el “reincidente de los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas; tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcada por la Digecam”.

Para Carmen Aída Ibarra, representante del Movimiento Pro Justicia, las nuevas disposiciones son una medida parcialmente adecuada debido a la situación de violencia y criminalidad en el país; sin embargo, manifiesta que las reformas a esta ley demuestran una vez más que el actual sistema para brindar seguridad ciudadana ha fracasado y por lo tanto se recurre a criminalizar a todas las personas por cualquier presunción de delito.

“Era necesario tomar este tipo de medidas y ser más severos con los reincidentes que desafían a la autoridad portando armas de fuego ilegales. Sin embargo, es inquietante que se tenga que recurrir a estas medidas porque es una muestra que hemos fracasado como sociedad y estamos viendo a todos los conciudadanos de la peor manera. Pero se entiende que la situación en el país ha dado pie a eso. La tendencia de criminalidad nos está arrastrando a esto”, opinó Ibarra.

El viceministro de Gobernación, Edi Juárez, informó que en el presente año se ha capturado a 2 mil 500 personas por el delito de portación ilegal de armas. Además, indicó que en 2012 se reportaron 2,967 capturas por este ilícito, pero señaló que a todas estas personas aprehendidas se les otorgó una medida sustitutiva y se les devolvió el arma de fuego.

REFORMAS SON INSUFICIENTES

Por aparte, la directora de la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia (Sedem), Iduvina Hernández, dijo que el control de las armas no va a depender de estos cambios a la ley Procesal Penal, sino de que la Dirección General de Control de Armas y Municiones pase a “manos civiles”.

“Puede ser una medida que contribuya a reducir el número de armas de fuego en circulación, si hubiese la capacidad real institucional de mantener el respeto a este tipo de disposiciones. Esto (reformas) es insuficiente si no hay voluntad o capacidad en materia política de ejecutar la medida. La Digecam debe ser una instancia bajo control estrictamente civil, porque el Ejercito sigue beneficiándose del tráfico ilegal de armas por medio de la venta de municiones sin mayor control”, manifestó.