El anuncio hecho por el presidente ílvaro Uribe, de Colombia, para explicar a otros mandatarios del Sur, la decisión de aumentar las bases militares estadounidenses en territorio de Colombia, ha despertado la reacción contraria de sus pares de Ecuador, Venezuela, Bolivia, Brasil y Chile, quienes ven en esa estrategia militar, un riesgo potencial para las democracias participativas y populares que se construyen en los países citados.
Según el presidente Uribe, la instalación de más bases militares extranjeras en Colombia, tiene por finalidad combatir y controlar la producción, embalaje y tráfico de drogas hacia el país del Norte.
Los gobernantes de los países indicados, perciben con preocupación la expansión militar estadounidense en Colombia, porque contribuye a disparar la militarización en la región. Primero, porque aumentar las bases, los efectivos y el equipo militar estadounidense en territorio colombiano, desestabiliza el equilibrio de fuerzas. Segundo, porque los países y gobiernos que se sienten amenazados, van a aumentar y a modernizar sus fuerzas armadas, lo cual provocará roces, incidentes armados y con seguridad intranquilidad, desestabilización y zozobra política y social.
Presidentes como Hugo Chávez de Venezuela, afirman que detrás de esos convenios militares, subyace un interés oculto de los estadounidenses, por ejemplo, para intervenir en países vecinos y provocar la desestabilización de procesos internos, controlar vastas regiones con importantes reservas de recursos naturales, como gas, petróleo, mantos hídricos, minerales, abundante flora y fauna. Según el mandatario, el imperio estadounidense pretende controlar la riqueza natural que posee la región latinoamericana.
Lo seguro es que a mayor presencia militar estadounidense en la región, mayor la posibilidad de la militarización en la sociedad, situación que no deseamos que ocurra, pues esos procesos detienen el progreso, el desarrollo de las naciones, enturbian la construcción de la incipiente democracia, impiden el ejercicio de los derechos de soberanía y libre determinación de los pueblos y la realización de los derechos y libertades fundamentales de las personas.
La presencia de militares estadounidenses adentro de los países latinoamericanos, nunca ha contado con el beneplácito de la población, que la considera nociva, debido a las secuelas sociales y morales que impone.
Por ejemplo, está comprobado que en las regiones donde se instalan y operan los soldados extranjeros, suelen proliferar los lugares de prostitución, aumentar los abusos sexuales en contra de mujeres y menores de edad e incrementar los sitios de tolerancia y expendio de bebidas alcohólicas. Esto altera las costumbres, tradiciones, valores morales, cultura y usos de las comunidades. Se produce una especie de transculturización social, pérdida de identidad y de valores que trastocan la vida tradicional de esas localidades.
No es para menos la preocupación de los gobernantes latinoamericanos, quienes sopesan los riesgos que supone la participación de tropas estadounidenses, en supuestas operaciones de combate al narcotráfico.
Oponerse a la remilitarización de la sociedad y a la expansión de tropas estadounidenses en América Latina, es un derecho que hay que hacer valer.
P.S. La base militar estadounidense en Palmerola, Honduras, ha servido de cabeza de playa para desestabilizar países vecinos y prestarse al golpe militar contra el presidente Zelaya.