El presidente boliviano Evo Morales puso en marcha su revolución agraria con la aprobación a última hora del martes de una ley que busca liquidar el latifundio ocioso y distribuir comunitariamente la tierra entre campesinos pobres, aunque enfrenta la amenaza de una huelga nacional el viernes.
Morales promulgó la noche del martes las modificaciones a la ley de tierras -trabada durante diez días en el Senado por la mayoría opositora-, luego que sorpresivamente tres legisladores opositores ayudaran al oficialismo a formar quórum.
«Ahora termina el latifundio en Bolivia. Tenemos el instrumento para acabar con los terratenientes del oriente», sostuvo Morales, primer gobernante indígena en 181 años de vida republicana, al promulgar la norma ante cientos de originarios del altiplano, llanos y valles orientales que llegaron al palacio de Gobierno.
Con quenas y zampoñas, instrumentos nativos típicos, los indígenas que marcharon a la ciudad de La Paz desde varios departamentos (provincias) del país, festejaron en las afueras de la casona presidencial, con bailes y cantos.
El gobernante izquierdista, que en la madrugada del miércoles partió a la cumbre sur-sur de Nigeria y luego a Cuba firmó la nueva legislación, en medio de malestar en sectores políticos de derecha y organizaciones civiles y empresariales, especialmente de Santa Cruz, rica región agroindustrial, motor del desarrollo boliviano, cuyas élites se oponen al mandatario.
Ocho organizaciones cívicas dieron un ultimátum a Morales, que los citó a negociar la noche de este miércoles los puntos de desencuentro, y amenazaron con una huelga en sus regiones este viernes si el gobierno no revisa sus políticas en la Asamblea Constituyente, frena la ya aprobada ley de tierras y retira una propuesta de fiscalización a gobernadores.
Cinco de estos, los de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni y Pando, todos alineados a la derechista formación política Podemos, la mayor fuerza de oposición, del ex presidente Jorge Quiroga, respaldaron las medidas de las organizaciones civiles.
La oposición exige a Morales revisar su decisión de imponer la mayoría del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Constituyente y que las decisiones de esta asamblea se adopten por dos tercios y no por mayoría de la mitad más uno, como impone el oficialismo.
La modalidad de la mayoría absoluta -excepto el texto final por dos tercios y algunos puntos sustanciales- fue refrendada también la noche del miércoles en Sucre (sudeste), sede de la Constituyente, por la mayoría oficialista en medio de altercados.
Encabezada por Podemos, la oposición rechaza la hegemonía del MAS con huelgas de hambre, que el miércoles involucraban a cerca de casi 100 mujeres en la ciudad de Santa Cruz y a 10 asambleístas constituyentes en Sucre, y presiona para que la nueva Carta Magna sea aprobada por dos tercios de los 255 votos en la Asamblea.
El empresario de centroderecha Samuel Doria Medina, que mantuvo un ayuno de 13 días fue retirado la noche del martes por debilitamiento masivo, mientras otros 200 correligionarios de su partido, la Unidad Nacional, mantienen la medida.
Con la aprobación de la nueva legislación «se destruye la seguridad jurídica, que es la base de la producción nacional», deploró el dirigente Carlos Quaino, de la Confederación Agropecuaria, en la primera reacción empresarial a la medida.
En la votación en el Senado también se refrendaron 44 nuevos contratos petroleros, producto de la nacionalización de los hidrocarburos.