A fin de evaluar los cambios institucionales durante el sexenio presidencial del Dr. Arévalo, no debemos olvidar cómo el último gobierno del proceso de la Reforma Liberal, el de Jorge Ubico, dejó la situación política y social en Guatemala.
En lo político, una nación donde al pueblo se le había privado de libertad, no había elecciones legítimas, ni partidos políticos, salvo el oficial -El Liberal Progresista- y el Nazi, de los inmigrantes alemanes, el Fascista, de los italianos y La Falange, de los españoles. En lo social, una represión agobiante, de la que eran víctimas los guatemaltecos de la clase obrera y trabajadores en general, los campesinos, sobre todo, los indígenas y garífunas, así como los mestizos pobres o de la pequeña burguesía y aún de clase media. La discriminación a la población indígena llegaba al grado que en la ciudad capital, al aborigen no se le permitía caminar en las aceras, debía, al igual que los equinos, hacerlo en la calle. En general, irrespeto a los derechos humanos, incluso al de la vida, pues se había impuesto una práctica sangrienta de ejecuciones extrajudiciales, que consistía en capturar a la persona y privarle la existencia con arma de fuego, so pretexto de que el detenido había intentado huir, y ese delito de lesa humanidad, el autoritarismo gubernamental, lo cometía impunemente, aplicando al condenado «la ley fuga…».
Por otra parte, en lo internacional, sujeción absoluta a los dictados imperialistas de Alemania y de los Estados Unidos de América. No debemos olvidar que entonces Guatemala era, vergonzosamente, una de las Repúblicas Bananeras de Centroamérica, es decir, una especie de factoría de la United Fruit Company.
Las relaciones de producción en el campo eran semifeudales. Una minoría de propietarios eran los dueños de inmensos latifundios, cuyas tierras en su mayor parte no estaban cultivadas. El país seguía sufriendo la nociva institucionalidad colonial, del siglo XVI, del complejo latiminifundio, conforme al cual los pequeños propietarios, poseían sólo reducida extensión de tierra y de mala calidad, no obstante constituir por lo menos el 80 % de la población dedicada a la producción agrícola del país.
Los Organismos Legislativo y Judicial carecían de autonomía, estaban supeditados al Ejecutivo. El presidente Ubico era quien postulaba los candidatos para ser electos diputados de la Asamblea Nacional Legislativa, así como quienes serían Jueces y Magistrados del Organismo Judicial.
Las autoridades de la Policía Nacional y de Seguridad, al indagar a las personas, frecuentemente las torturaban, a fin de que se declarasen culpables.
En los departamentos de la República, la autoridad máxima del Ejecutivo, eran los Jefes Políticos, quienes en el desempeño de sus funciones, actuaban como sátrapas provincianos y, de la misma manera, las autoridades locales, también designados por el Presidente de la República, o sea a los Intendentes Municipales.
Los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad, tenían prohibido organizarse sindicalmente y prohibido el derecho de huelga. No estaba en vigor ninguna ley que garantizara derechos laborales.
Los servicios públicos de educación secundaria, del Instituto Nacional de Varones y de la Escuela Normal, de la que egresaban los maestros de educación pública, habían sido militarizados. Y en la educación superior, la Universidad Nacional de Guatemala, designación que dio el Régimen Liberal a la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, carecía de autonomía y estaba tan controlada por el presidente Ubico, que era él, quien autorizaba los nombramientos del Rector, de las autoridades universitarias, de catedráticos y hasta de los humildes conserjes.
Los servicios de salud pública también eran deficientes e insuficientes.
La población carecía de servicios públicos de seguridad social.
(Continuará)