Más de cincuenta años han pasado desde que se intentó un cambio estructural en este país, y hasta que no se retome esa vía que era la correcta, será incansable recalcar lo que esos diez años impulsaron en términos de transformación económica y social. La historia de Guatemala se puede resumir atrevidamente pero con certeza, en un devenir oligárquico que en distintas ocasiones ha tenido expresiones desbocadas y en otras atenuadas, pero siempre con esa característica fundamental que se basa en la injusticia del régimen de propiedad de toda la riqueza, a manos de grupos familiares que fueron pequeños en su origen, y que más tarde se empezarían a pervertir y a perder por la oscuridad de la avaricia y la mezquindad; es en ese momento en que nos hallamos, en la lucha entre capital emergente y tradicional, dos tentáculos que tiene la misma madre monstruosa.
La otra consecuencia de esa historia de infamia ha sido como sabemos, una masa empobrecida que asemejaba al conglomerado feudal que servían al señor en condiciones deplorables y casi de esclavitud en ciertas zonas del país. Además un pueblo atenuado en sus derechos más elementales e imposibilitado de acceso a la educación y los servicios más básicos, lo cual sumió a Guatemala en una especie de finca feudal. El balance de esa historia en el presente, atrevida y oligárquica es como al principio, pocos con todo en la fase de codicia obnubilada y muchos con casi nada matándose entre sí porque el poder tradicional se ha asegurado de inculcar la aspiración y el sueño por la propiedad privada y el éxito, anzuelos que tienen a la medianía en una aspiración autoalienada y cooptada.
Los diez años de la primavera democrática representaron una excepción a la historia antes descrita, encarnaron una experiencia de modernización política y económica que se basaba en el aseguramiento de empleo, salario y consumo para la masa que se concebiría entonces como ciudadanía, lo que implicaba plenos derechos. Los cinco años del presidente Arévalo fueron la apuesta para sentar los cimientos de la institucionalidad que garantizara lo antes expuesto, eso implicó: el Código de Trabajo, mejoramiento y construcción de una red de comunicaciones, acceso al crédito, igualdad económica para la mujer trabajadora, reforma monetaria y bancaria, la ley de Fomento Industrial y la ley de Fomento Cooperativo entro otros. Y en los cinco de Arbenz se consolidaría el proyecto para hacer de éste, un país independiente económicamente, moderno y capitalista basado en la mayor elevación posible del nivel de vida de las masas. Los medios para este cometido implicaron la inversión en obras de infraestructura de carreteras (la del Atlántico), instalaciones portuarias (en Puerto Barrios) y en energía hidroeléctrica (la de Jurúm Marinalá). Y finalmente y dicho en palabras de Arbenz, el fruto más precioso de la revolución y base fundamental del nuevo destino de la nación, la Reforma Agraria, que corregía la concentración extrema de la tierra por herencia y abuso colonial para fomentar la industrialización del agro.
Los 56 años que pasaron desde ese truncamiento han representado la exacerbación de las condiciones previas a los diez años excepcionales. Y hasta que el poder oligárquico no lo reconozca, jamás enrumbaremos nuevamente por la senda de la modernización política, económica y social. Mientras tanto, me río de los falsos alardes del empresariado guatemalteco que propone reducir la pobreza para el 2021, sin comprometerse con un régimen tributario profundo; y pienso en la vigencia que mantiene la Revolución de Octubre. PS: para D.C.