Una jueza penal de Bogotá revocó hoy la orden de captura que pesaba contra el ex Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, quien está vinculado a una investigación por una presunta falsa desmovilización de guerrilleros.
La decisión fue adoptada por la jueza Johanna Rodríguez en un complejo judicial del centro de la capital colombiana.
La magistrada sostuvo en una audiencia pública que no podía mantener vigente la orden de captura contra Restrepo con fundamento en «conjeturas» de la Fiscalía respecto de la presunta falsa desmovilización de rebeldes.
Restrepo, sin embargo, seguirá vinculado a la investigación.
La determinación es «revocar la exposición de medida de aseguramiento del doctor Luis Carlos Restrepo Ramírez… por no existir inferencia razonable de coautoría ni de los delitos de peculado en favor de terceros ni en los delitos de tráfico de armas o municiones… que se le ha señalado», dijo la jueza en la audiencia pública.
La orden de captura contra Restrepo, a petición de la Fiscalía, había sido librada por otro juzgado el 9 de febrero. El ex alto comisionado salió del país en enero, probablemente con rumbo a Estados Unidos, ha dicho la Fiscalía.
El ex funcionario, quien trabajó durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), ha sostenido su inocencia.
Desde la clandestinidad, hace 15 días aseguró en un comunicado no tener garantías en Colombia para un juicio justo, por lo que dijo estaba buscando asilo político en un país que no precisó.
Las irregularidades que investiga la Fiscalía se refieren a la desmovilización y entrega de armas de más de 60 presuntos rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en marzo de 2006, en un acto público en el departamento de Tolima que encabezó Restrepo.
Al menos dos desmovilizados denunciaron ante la Fiscalía a fines de 2010 que muchos de los rebeldes que se entregaron en 2006 en realidad eran ladrones, indigentes y desempleados que habían sido reclutados por un ex miembro de las FARC que desde la cárcel supuestamente apoyaba gestiones de paz.
Aunque no se sabe a ciencia cierta por qué se habría tramado la desmovilización de falsos rebeldes, dos guerrilleros desmovilizados han dicho que la intención era mostrar al país que las FARC estaban resquebrajadas.
Algunos aceptaron también posar como rebeldes simplemente a cambio del pago de unos 500.000 pesos (unos 270 dólares), que habrían sido pagados por un narcotraficante, según el testimonio de dos guerrilleros identificados por la Fiscalía como José Alfredo Pacheco y Luis Eduardo Montero.
El ex comisionado ha dicho que estuvo presente en toda la desmovilización, que «nunca tuvo sospechas» de alguna irregularidad en el proceso y que de haber sido así la habría denunciado a las autoridades.