La presidenta argentina Cristina Kirchner sufrió hoy una dura derrota al ver rechazado por el Senado su emblemático proyecto de impuestos a las exportaciones de alimentos de esta potencia agrícola mundial.
La derrota del oficialismo se debió a una baja en sus propias filas, la del vicepresidente Julio Cobos.
El Senado derrumbó la iniciativa del gubernamental peronismo que intentaba redistribuir ingresos y asegurar precios internos bajos para los alimentos a través de una mayor presión fiscal sobre las exportaciones de granos y de manufacturas agroindustriales, que este año alcanzan a 35 mil millones de dólares.
Fue el vicepresidente Cobos, un disidente de la opositora Unión Cívica Radical (UCR, socialdemócrata), quien le bajó el pulgar a la ley al quebrar una paridad de 36 sufragios por bando en el recinto de la cámara alta, de la que es titular por norma constitucional, con poder para desempatar una votación.
«No estoy traicionando a la Presidenta. Que envíe otro proyecto. La historia me juzgará», dijo Cobos, quien de hecho pasó a la oposición, aliada a las patronales agropecuarias contra el plan del Gobierno de recaudar sólo por derechos de aduana unos 11 mil de los 24 mil millones de dólares de la cosecha de soja.
Momentos antes, el jefe del bloque oficialista de senadores, Miguel Pichetto, dijo que «sería increíble que un vicepresidente vote en contra de su propio gobierno salvo que lo quieran debilitar, herir de muerte o quieran empezar a aniquilar».
«El vicepresidente le ha hecho un daño muy importante a su Gobierno», disparó Pichetto al terminar la sesión.
El conflicto con las patronales de agricultores por los alimentos, en particular la soja, principal cultivo con el 50% de la superficie sembrada, le había costado al Gobierno el esfuerzo de movilizar en 128 días cuatro veces en las calles a sus partidarios, entre ellos la central obrera CGT.
Pichetto había sido duro ante las dudas de Cobos, quien pedía un cuarto intermedio, al recordarle que «Jesucristo había dicho a quien debía hacer algo, que lo hiciese rápido», en alusión a la traición de Judas después de la última cena, según los textos evangélicos cristianos.
Las autoridades del Gobierno y sus habituales voceros se mantuvieron en silencio después de la tensa votación.
Pero el líder de la UCR, Gerardo Morales, dijo en rueda de prensa que «la estabilidad del mandato de gobierno no está en peligro. No hay situación de golpe de Estado».
La última crisis causada por un vicepresidente se produjo durante el gobierno radical conservador de Fernando de la Rúa (1999-2001), quien cayó en medio de una rebelión popular, un año y medio después de la renuncia de su compañero de fórmula, el centroizquierdista Carlos Alvarez.
El ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), líder del gubernamental peronismo y esposo de la mandataria, había asegurado que el Gobierno respetará la decisión del Congreso, sea cual fuere, y reiterado que el objetivo era «impedir que en la mesa de los argentinos haya precios internacionales de los alimentos».
Los Kirchner habían convertido la ley de impuestos a las exportaciones en una piedra angular de su gobierno, con el argumento de que es parte de un plan de redistribución de la riqueza, en un país que aún tiene unos 12 millones de pobres, sobre una población de 40 millones.
Argentina es el primer exportador mundial de harinas y aceites de soja, el cuarto de trigo, el segundo de maíz -detrás de EEUU- y el tercero de granos de soja, según la secretaría de Agricultura estadounidense.
Festejos, abrazos y gritos triunfales estallaron antes del amanecer en los bosques de Palermo, donde se habían concentrado los líderes de las patronales agropecuarias que mantuvieron en jaque al Gobierno, en rechazo a las retenciones (impuestos a las exportaciones) flotantes, cuya tasa aumenta a medida que lo hacen los precios internacionales.
La mitad de la cosecha agrícola global, de unos 100 millones de toneladas de la campaña 2007-2008, seguía hasta hoy retenida por agricultores, mayoristas y exportadores que argumentaban incertidumbre y malestar por edl proyecto de retenciones.
La iniciativa contemplaba girar fondos adicionales del impuesto para construir hospitales, viviendas y caminos rurales.
El vicepresidente de Argentina, Julio Cobos, desestimó hoy su renuncia y negó haber provocado una crisis política al votar en contra de un crucial proyecto de tributos a las exportaciones granarias impulsado por la presidenta Cristina Kirchner.
«No se me cruza (por la cabeza) renunciar. Sería traicionar la voluntad popular ya que fui electo en forma conjunta con la presidenta y con igual cantidad de votos», dijo Cobos en declaraciones a la prensa en la puerta de su casa en la localidad de Ezeiza (sur).
«Crisis política sería si renuncio y no voy a renunciar», insistió.
Cobos es un disidente de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR) que se alió al peronismo progresista del matrimonio Kirchner y que compartió la fórmula presidencial con Cristina Kirchner, que ganó las elecciones de octubre de 2007 con 45,3% de los votos.
«La institucionalidad también se logra preservando al vicepresidente de la Nación», insistió Cobos, que admitió que no ha recibido llamado de la mandataria luego de la maratónica sesión en el Senado, del que es presidente Provisional, rol que le adjudica la Constitución.
Tras una sesión que culminó hoy en la madrugada con un empate 36 a 36 en la Cámara de Senadores, el vicepresidente fue el encargado de desequilibrar la votación.
«La historia me juzgará. Voto en contra. Pido perdón si me equivoco», había dicho dramáticamente el vicepresidente al votar contra el estratégico proyecto de ley de impuestos a las millonarias exportaciones alimenticias, que este año alcanzan a 35 mil millones de dólares.
Al rechazar las «retenciones» (impuestos) móviles a las ventas externas de soja, maíz, girasol y trigo, el vicepresidente instó a Cristina Kirchner a presentar un nuevo proyecto que permita consensuar las posiciones entre el sector rural alzado contra la política fiscal, el oficialismo y la oposición.
«Estoy de acuerdo con la distribución de la riqueza, pero también tiene que haber rentabilidad razonable para poder distribuir», dijo Cobos.