El presidente del Congreso de la República, Rubén Darío Morales Véliz, se reunió con representantes de los asentamientos ubicados en todo el país y les ofreció legislar en favor de adjudicarles en propiedad los terrenos que ocupan.
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Esto solamente a las personas que ya tienen varios años de habitar en estos lugares, pues se busca que no se continúen dando invasiones de terrenos municipales, del Estado o de propiedad privada, según señaló.
Al mismo tiempo les solicitó que todo trámite a realizar en lo que respecta a legalización de sus terrenos lo realicen ante el Organismo Legislativo o autoridades respectivas y no con personas particulares que haciéndoles creer que cuentan con la potestad de resolverles su situación los han despojado de dinero en efectivo sin cumplirles.
Durante la reunión realizada en el Salón del Pueblo del palacio Legislativo, el presidente Morales Véliz expresó que «algunas de estas familias están siendo manipuladas e incluso estafadas, por lo que es necesario que busquen a la autoridad, no pueden utilizar a intermediarios que llegan a inventarles que les van a resolver su problema de falta de vivienda».
«Cuando tengan problemas acudan al Congreso de la República, aunque hay opiniones que se dan para desprestigiar al Congreso, pero aunque existe falta de voluntad política de algunos diputados por legislar en favor de la población yo me comprometo a buscar los consensos para que la ley que rige la legalidad de los asentamientos surgidos por medio de invasiones cuenten con figura legal», agregó.
Los representantes de los habitantes de los asentamientos agradecieron el ofrecimiento del diputado Morales Véliz, indicando que estarán a la espera de información relacionada a las reformas legislativas, la cual consideran que será a su favor.
La citada ley establece la legalidad de los terrenos invadidos antes del año 2003, por lo que los asistentes le solicitaron ser incluidos en el mismo, aunque hayan realizado la ocupación de los terrenos en fecha posterior.
El diputado Morales Véliz ofreció ayudarles tomando en cuenta que son miles de familias de escasos recursos económicos las que se encuentran en lamentables condiciones de vida, que ante la falta de oportunidades de empleo no tienen el dinero necesario para comprar vivienda o continuar alquilando y que las fincas del interior del país que han sido invadidas no serán legalizadas.