Sorpresivamente ha salido a luz pública en numerosos medios de comunicación social el requerimiento del magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Marco Tulio Melini Minera, donde plantea que el pleno de esta entidad destituya a siete funcionarios del mismo, señalándolos de incumplimiento de deberes, abuso de poder, corrupción y ví­nculos con partidos polí­ticos, planteamiento que entregara el 23 de septiembre y conociera el TSE el martes pasado.

Simultáneamente se ha conocido que el magistrado suplente José Rodolfo Pérez Lara presentó su renuncia como integrante del TSE, señalando que en su opinión ha habido “dilapidación” de recursos, así­ como falta de medidas adecuadas para garantizar la seguridad de las juntas electorales departamentales, municipales y de numerosas mesas electorales en la elección; que el Tribunal ha invertido de forma desproporcionada los recursos y que por esas y otras razones presenta su renuncia.

Los retumbos se tradujeron casi de inmediato en temblores que produjeron reacciones públicas de la Secretaria General y candidata del Partido Patriota, Roxana Baldetti, quien se apersonó a la reunión del TSE y fiscales de los partidos polí­ticos, expresando que en el TSE hay dos lí­neas de actuar: “Una lí­nea institucional que quiere servirle al paí­s en el proceso electoral pero hay otra lí­nea que atiende temas polí­ticos y quiere entorpecer el proceso como fue en la primera vuelta”.

Todo ha conllevado no sólo la noticia en todos los medios escritos sino ha producido que Prensa Libre editorialice al respecto y en el mismo exprese: “las autoridades del TSE tienen la urgencia de mantenerse firmes en cuanto a rechazar semejante solicitud”, al referirse al planteamiento de destitución que presentó Melini Minera, en relación a siete directores y jefes de la planta del TSE.

Esta situación y las que se produjeron el 11 de septiembre en relación a la muy poca eficiencia en la información de datos preliminares y al largo perí­odo que medió para que se dieran los acuerdos de adjudicación de cargos y de resultados en la elección de candidatos a Presidente y Vicepresidente, hacen evidente que el actual TSE debe ser evaluado por el Congreso de la República, quien es la autoridad que los ha electo para los cargos de magistrados.

También debe, tanto el Congreso de la República, como la Contralorí­a General de la Nación, una vez concluida la segunda vuelta electoral, evaluar cómo se utilizó, administró y ejecutó los más de 600 millones que pidió el Tribunal Supremo Electoral para realizar las elecciones, igualmente debe de fiscalizarse la utilización de los recursos anuales y permanentes que se le otorga al tribunal por cuanto llama enormemente la atención el número de directores, jefes y empleados que este órgano posee y que funciona realmente sólo cada cuatro años.

Serí­a sumamente conveniente e interesante que las diputadas Nineth Montenegro, Roxana Baldetti, Ana Marí­a de Frade y otros diputados pidieran urgentemente, en el mes de noviembre, la ejecución presupuestaria del tribunal de los últimos tres años, su organización, su personal, nóminas y las acciones realizadas por cuanto es prácticamente desconocido cuál ha sido el trabajo concreto de la dirección de la Unidad de Capacitación, Divulgación y Educación Cí­vico Electoral, de la dirección del Instituto de Capacitación Electoral y de la Dirección de Comunicación, por cuanto, tantos directores no se justifican y llaman seriamente la atención. En conclusión, los retumbos produjeron temblores, los temblores produjeron grietas y las grietas pueden producir desplomes.