En el marco de los primeros cien dí­as de gobierno del binomio ílvaro Colom-Rafael Espada y su equipo de trabajo, las organizaciones sociales consideran que aún existe una «deuda» con la población, a la que prometieron encaminar al paí­s por las ví­as del desarrollo.

Con evidente desagrado, las organizaciones campesinas perciben la polí­tica agraria que hasta ahora ha predominado en el nuevo gobierno.

Rafael González, quien coordina a siete grupos campesinos, considera que el uso de la fuerza para dar fin a los conflictos surgidos en Lí­vingston, Izabal, y en el municipio de San Juan Sacatepéquez de Guatemala, fue un mensaje negativo contra la democracia y el diálogo.

Las organizaciones campesinas se consideran decepcionadas tras los primeros dí­as de gobierno de Colom. Señalan que el Presidente no ha respondido a las necesidades de la población rural, que por medio de los sufragios le facilitó el acceso a la primera magistratura.

«La distribución de la tierra es muy importante, pues de ella depende la seguridad alimentaria de los pueblos; si no nos permiten cultivar en buenas tierras no habrá comida para nuestros hijos», dijo González.

Alimentos al alza

El alto costo de la vida que se percibe en el incremento constante al valor de la canasta básica, es otro de los señalamientos contra el Gobierno central.

Las revisiones y ajustes en la polí­tica monetaria que se han efectuado hasta ahora bajo la excusa de contener la inflación no convencen a Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina, quien señala que los precios seguirán en alza hasta que no se implementen programas de desarrollo rural, para facilitar la producción de alimentos.

«No necesitamos discursos, diálogos y promesas, nos hace falta una reforma agraria integral que facilite al campesinado el acceso a los medios de producción para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias», refiere Pascual.

El lí­der campesino considera que las expectativas del gobierno de Colom decayeron desde el nombramiento de los nuevos funcionarios, ya que durante la campaña electoral se habí­a prometido un «gobierno con rostro maya» y esa fue una de varias promesas incumplidas.

Diálogos incompletos

Helmer Velásquez, de la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop), refiere que en tanto no se permita la participación de todos los sectores de la población, la instalación de mesas de diálogo y nuevas instancias gubernamentales será insuficiente para resolver los problemas del paí­s como hasta ahora lo ha pretendido la Presidencia.

«Creemos que aún no hay un verdadero diálogo nacional; los problemas sociales deben ser atendidos a través de mecanismos que fortalezcan el desarrollo de las comunidades, y para esto es necesario que todos participen».

Velásquez ha participado en reuniones con distintos sectores de la población de todo el paí­s a través de los Congresos de Congcoop. «Conocemos la situación del paí­s y creemos que es necesario fortalecer el desarrollo rural a través de las organizaciones comunales, pero aún hace falta la voluntad del Gobierno para llamar al diálogo».

Violencia predomina

La violencia social y delincuencia preocupa en gran medida a las organizaciones sociales. El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) refiere que hasta marzo se han contabilizado 669 muertes violentas y 211 eventos de violencia que tienen por saldo a ví­ctimas heridas.

Mario Polanco, director del GAM, propuso un giro a la polí­tica de gobernabilidad a través del fortalecimiento de las instituciones de seguridad civil, como la Policí­a Nacional Civil y las policí­as comunitarias.

La aprobación de la Ley Contra el Femicidio por el Congreso de la República fue un aporte positivo, dijeron las organizaciones de mujeres, no obstante el Ejecutivo debe cumplir con su función de proteger a la ciudadaní­a más vulnerable.

«Los asesinatos de pilotos y mujeres que empañaron los primeros meses del nuevo gobierno son un llamado de atención para que se tomen medidas», declaró Sandra Morán, del sector de Mujeres.