Desde el año pasado, está sonando el hecho de que es necesario fortalecer la seguridad, pero no sólo desde lo concreto, sino que desde lo ideológico, es decir, a través de las leyes.
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Ya son varios los meses en que en el Congreso de la República se sabe de la necesidad de aprobar una serie de leyes que han sido agrupadas en el nombre de «Paquete de Seguridad».
La idea consiste en que con ese paquete de seguridad ya aprobado, el Ejecutivo y el Judicial puedan «hacer algo» en contra de la violencia y el crimen organizado.
Entre estas leyes hay algunas ya ratificadas, mientras que otras sólo se han mencionado como parte del paquete, pero ni siquiera se tiene un estudio para su primera redacción.
Por otra parte, el año pasado hubo más de tres mil muertes violentas, lo que hace un promedio de unas diez muertes diarias; en el presente año, el promedio circula las 15 muertes por día.
Todo esto plantea la urgencia de que el paquete de seguridad se apruebe, y las leyes que ya están autorizadas se implementen.
Entre las leyes que se incluyen en el paquete de seguridad están la ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la del Sistema Penitenciario, la de la Dirección de Inteligencia Civil, la de Armas y Municiones, la de las Empresas de Seguridad Privadas, entre otras.
Ley de Armas y Municiones
Una de las leyes del paquete de seguridad que más causa polémica es la de las armas y municiones, debido a que se es reacio a aprobar una ley que restrinja en gran parte la portación de armas.
Asimismo, se considera que la ley es insuficiente, ya que la mayoría de armas que circulan en el país son ilegales, por lo que no se requiere de una nueva ley, sino un control más rígido.
Las armas en general, y en particular las armas de fuego, forman un sistema con la violencia criminal y la inseguridad ciudadana, tanto objetiva como subjetiva. Este es un círculo perverso que se retroalimenta a sí mismo, empobreciendo la calidad de vida en la sociedad, haciendo muy difícil la construcción del tejido social, la cohesión e integración entre personas, comunidades y regiones, levantando al miedo, la sospecha, la discriminación, como modos de vida o sobrevivencia.
Según la Constitución Política, se establece en su artículo 38, el derecho a la tenencia y portación de armas, para uso personal, siempre y cuando éstas estén autorizadas por la ley.
Esta ley entró en vigencia con el Decreto 39-89, en el que se establece la obligación que el Estado tiene de proporcionar seguridad a las personas y a las familias, por lo que debe proveer los medios adecuados y racionales para defenderse.
La ley fue decretada mucho tiempo después de la actual Constitución, por lo que quedó un vacío durante varios años (1985 a 1989).
Una de las justificaciones para promulgar la ley, además del mandato constitucional, fue que se tomaba en cuenta «el aumento desproporcionado de la delincuencia que ha colocado al ciudadano honesto en situación de indefensión y que la desventaja numérica policíaca no permite proporcionar protección individual a cada ciudadano».
Sin embargo, este decreto ha tenido poco éxito en su cumplimiento; basta con revisar que en menos de tres meses tuvo su primera enmienda, con el Decreto 46-89 del Congreso, el cual regula la publicidad de armas.
En menos de un año, el Decreto 34-90 vetaba la ley, aunque con prontitud derogaba el decreto, y nuevamente entraba en vigencia. En ese mismo año 1990, la ley sufrió muchos problemas para cobrar plena vigencia.
Nuevamente, fue seis años después que se volvía a modificar tal ley, aumentando la edad para poseer licencia para portar arma. Anteriormente, para obtener tal permiso se tenía que tener 18 años; sin embargo, el Decreto 63-96 aumentó la edad para 25 años.
Ahora, debido a la nueva realidad social, los índices de inseguridad, los Acuerdos de Paz y la agenda de leyes de seguridad, se dispone a derogar la Ley de Armas y Municiones, con el fin de crear otra.
El año pasado se presentó al pleno la iniciativa 3,206, en la que se menciona la necesidad de la misma ante los elevados índices de violencia que se viven en el país y el gran número de armas ilegales, por lo que urge las reformas a la normativa.
A criterio de algunos diputados del Congreso de la República, el control de las armas y municiones debe regresar al Ministerio de Gobernación, agregando que también los funcionarios públicos deben registrar sus armas y no sólo los civiles como hasta hoy.
Las percepciones
El abogado Julián Melchor, analista y secretario adjunto de la Central de Trabajadores de Guatemala (CGTG) nos dice:
«Hay un paquete de leyes, algunas ya aprobadas, pero se dice que no existen los recursos para implementarlas; creo que es allí donde hay falta de voluntad política, porque se pueden seguir aprobando todas las leyes que quieran, pero mientras no haya la voluntad política y la coordinación necesaria entre las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana, la situación va a ser la misma».
Asimismo, el sindicalista refirió que «las leyes, de una u otra manera, vienen a facilitar a allanar el camino para hacer algunas acciones que puedan ayudar a resolver la problemática; sin embargo, vemos cómo la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Organismo Judicial van por su camino y no hacen nada», prosiguió Melchor.
Por último, refirió que «mientras no haya un Ministerio Público fortalecido y aunque se tengan todas las herramientas para realizar una investigación adecuada, eso no va a funcionar; se pueden hacer muchas leyes, pero si no hay voluntad política eso no va a funcionar y la situación criminal va a seguir dándose en el país, y no se vislumbra una mejora en la seguridad ciudadana», concluyó el integrante de la CGTG.
Sin respuesta
El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) avizora un panorama de seguridad sumergido en la violencia política, que podrían propiciar algunos partidos políticos ante una crisis que puedan enfrentar.
Algunas agrupaciones políticas prometen a la población que en su gobierno combatirán la delincuencia que afecta al país. Este año, simpatizantes y correligionarios de las distintas agrupaciones podrían propiciar delincuencia para justificar la necesidad de la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército en las calles, dijo Mario Polanco, dirigente del GAM.
De concretarse ese escenario, según menciona Polanco, el Gobierno no tendrá capacidad de respuesta de parar estas situaciones. Las autoridades no logran implementar una política de seguridad acorde a la realidad del país. Existe debilidad en esta materia, apunta Polanco.
Otra de las debilidades radica en la falta de voluntad del Congreso de aprobar las leyes del paquete de seguridad que se encuentran pendientes.
«Esas leyes hacen falta a la población», expresó el líder del GAM.
Refiere que la violencia política será un factor de riesgo para la seguridad ciudadana.
*Con colaboración de Amalia Hernández, Hugo Alvarado, Hugo Madrigal y Mario Cordero.
El presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, firmó ayer lunes la Ley Contra el Crimen Organizado, que busca castigar «de manera drástica» a los responsables de cometer crímenes de gravedad, durante un acto público en El Plan de La Laguna, 12 km al oeste de San Salvador.
El mandatario precisó que la nueva legislación castigará «de manera drástica a los que se lucran del crimen», en este país centroamericano, abatido por una ola de violencia que a diario deja un promedio de 10,7 homicidios.
Saca sostuvo que los países y ciudades que han pasado de la delincuencia a la seguridad, han tenido tres características: «Se adopta una determinación de Estado de finalizar con el problema; autoridades cuentan con la colaboración ciudadana y existe un apoyo total de los sectores productivos, medios de comunicación y centros de estudio» entre otros sectores.
Según el mandatario, con la nueva ley se reforzará el trabajo de todas las instituciones del Estado encargadas de la seguridad y la justicia, que tienen como objetivo final «poner en la cárcel a los delincuentes y crear mejores condiciones de vida».
Población, a favor
La mayoría de los ciudadanos de El Salvador está de acuerdo con que se prohíba el porte de armas de fuego en ese país, abatido por una ola de violencia que deja un promedio de diez muertos al día, según una encuesta publicada ayer por un diario local.
Un 69,2% de los salvadoreños expresó estar de acuerdo con una iniciativa de ley que estudia el Congreso para prohibir que las personas porten armas, frente a un 24,4% que no está de acuerdo y un 6,4% que no sabe o no responde, reveló el sondeo publicado por el diario «La Prensa Gráfica».
«En principio, casi la totalidad de los salvadoreños coincide en que las armas son sinónimo de muerte y no de protección», concluye el estudio que se realizó del 6 al 9 de enero con mil personas de todo el país y que tiene un margen de error del 3,2%.
La misma encuesta demostró que la mayoría de los entrevistados estiman que prohibir el porte de armas ayudaría en algún grado a disminuir la delincuencia: un 33% cree que ayudaría «mucho», un 30,2% que ayudaría «algo» y un 34,1% no cree que contribuya a resolver el problema.
Por otra parte, sólo un 9,4% de los entrevistados admitió poseer un arma de fuego, frente a un 90,5% que negó tenerla.
Según cifras de las autoridades, la violencia generada por las pandillas y otras formas de delincuencia deja a diario ?como promedio? un saldo de 10,7 homicidios, lo que convierte a este país en uno de los más violentos de Latinoamérica.
SAN SALVADOR / AFP