A partir de hoy, la dirección del Ministerio Público (MP) estará a cargo de José Amílcar Velásquez Zárate, antes titular de la Fiscalía Metropolitana, quien ya ha planteado cambios para esa institución.
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¿Qué refieren las decisiones de Velásquez Zárate?, ¿por dónde debería empezar el nuevo Fiscal General de la Nación? Diferentes analistas opinaron sobre los cambios que iniciaron este martes en el MP y que acapararon, de alguna manera, la mirada de la opinión pública.
El nuevo Fiscal General comentó ayer que la primera acción que realizaría como nuevo jefe del MP será una evaluación técnica del trabajo de las fiscalías a nivel general, pero se refirió puntualmente a que iniciaría con la sección de delitos contra la vida y crimen organizado, añadiendo que se adoptarían las medidas necesarias.
Análisis
Mario Mérida, analista político y de seguridad, opinó que las declaraciones de Velásquez Zárate sobre la revisión de las fiscalías evidencia que no tiene conocimiento de lo que estaba pasando exactamente en el MP. «Es una decisión correcta para alguien que llega de afuera», planteó el entrevistado.
Sandino Asturias, analista del Centro de Estudios de Guatemala, comentó que la prioridad en ese sentido sería el tema de investigación criminal en relación al derecho a la vida. «La Fiscalía de Delitos Contra la Vida tendría que ser prioritaria en esa revisión (…) porque actualmente se maneja un promedio de 16 homicidios diarios cometidos con mucha impunidad que se mantiene en 98 por ciento», indicó.
Para Iduvina Hernández, analista de Seguridad en Democracia (Sedem), el cambio de cabeza en el MP puede contribuir a resolver la crisis mientras se hagan acompañar de un proceso de depuración y reestructuración al interior de esa institución. «La Fiscalía de Delitos Contra la Vida, Contra el Crimen Organizado y la de Derechos Humanos», son las que merecen una prioritaria revisión.
Hernández consideró que los cambios en el MP «deben ser de rumbo» y agregó: «no se trata sólo de mover a las personas para que los procesos funcionen».
Asturias opinó que los cambios deben ir en muchas direcciones, ya que «el MP ha sido una de las entidades mejor financiadas y sin resultado alguno», indicó, y añadió que también será importante la organización interna, desempeño, resultados y recurso humano.
Mérida expuso que los cambios deberán marcar una mejor relación entre las fiscalías y la capacidad de ejecución. «Que la gente no vea un MP que no logra una condena porque no tenía pruebas o que realice 203 allanamientos en Canalitos sin capturar a nadie», declaró.
Todos los entrevistados coincidieron en que existe falta de coordinación entre el MP y otros entes de investigación como la Policía Nacional Civil.
¿Incidió la CICIG?
La percepción sobre la incidencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el retiro de Florido del MP se puso de manifiesto.
Hernández indicó: «no tenemos ningún elemento que nos haga considerarlo». Asturias opinó: «no tengo la menor duda que CICIG haya manifestado la falta de apoyo y colaboración que necesita. «Habrá externado sus opiniones respecto a las falencias del sistema que incluyen, obviamente, al MP». Mérida expuso: «Si la CICIG tuvo que ver en una acción es negativo para el propio proceso».
Organizaciones sociales y de derechos humanos saludaron la renuncia del fiscal general, Juan Luis Florido, y estimaron que abre las puertas para revitalizar la institución y aclarar emblemáticos casos como las muertes de tres diputados salvadoreños.
«Hay un incremento de ineficiencia y de los índices de impunidad en Guatemala», afirmó la presidenta de la organización Seguridad en Democracia (Sedem), Iduvina Hernández, al referirse al tiempo que Florido permaneció al frente del Ministerio Público (MP).
La activista sostuvo que los índices que se han construido en ese tiempo, plantean un 96% de ineficiencia, que es mucho mayor en comparación con lo que había antes de la llegada de Florido a dirigir la institución.
El presidente, ílvaro Colom, anunció el martes la renuncia de Florido al puesto que ocupó desde el 24 de febrero de 2004, para concluir el período de Carlos De León, y en el que fuera confirmado, por cuatro años más, por el ex mandatario í“scar Berger, en 2006.
«Si se va más en detalle, se encuentra un manejo arbitrario del funcionamiento del Ministerio Público, hay altos niveles de eficiencia cuando se trata de perseguir a organizaciones sindicales o efectuar desalojos de fincas en el interior del país», agregó Hernández.
La presidenta de Sedem destacó que, en casos de investigación de ataques a defensores de derechos humanos, la Fiscalía tuvo «cero efectividad», pues aunque hubo algunas coordinaciones respaldadas por la Policía Nacional Civil, no hubo mayores avances en la investigación del MP.
En ese sentido, el activista de derechos humanos Miguel íngel Alvizures señaló que existían una serie de críticas y denuncias contra Florido, especialmente por los pocos avances en la investigación de crímenes ocurridos durante la guerra interna que vivió Guatemala durante 36 años.
Sandino Asturias,
analista
Iduvina Hernández,
activista
Mario Mérida,
experto