Todo cambio de gobierno, nacional o municipal, genera expectativas; optimismo, pesimismo, esperanza, desaliento. ¿Qué le produce a usted, el cambio de autoridad municipal en La Antigua Guatemala? Considero que todo cambio constituye una oportunidad. Puede haber diversas opiniones, pero es conveniente que busquemos las posibilidades de mejorar la administración del municipio. Considero que los vecinos y residentes deben darle el «beneficio de la confianza» (y no de la duda) al gobierno edil entrante.
ES OBLIGADO PRIORIZAR para enfrentar la compleja problemática de La Antigua Guatemala, debido a la cantidad de asuntos por atender y a los limitados recursos financieros de que dispone.
En cambio, hay otros problemas que tienen que ver más con la capacidad y eficiencia administrativa. Entre éstos figuran, ordenar y hacer transparente la administración municipal, en general, así como establecer cuentas claras en el mercado municipal, en particular. También es urgente regular y aplicar la ley contra las ventas callejeras de productos «típicos»; ordenar y sancionar a los mototaxis que tanto caos generan en el tránsito de la ciudad. Asimismo, establecer ordenanzas apropiadas para evitar el desmedido uso comercial del suelo, y acordar con los dueños del transporte pesado, de carga y de turistas, una solución que termine con el problema que este tipo de actividad genera en el centro histórico antigí¼eño.
EL MERCADO MUNICIPAL es un caos, un desorden a gran escala, no sólo en su funcionamiento interior, sino en los alrededores, sin que se note la presencia de la policía específica, que solo encarece el presupuesto edil. Esa policía es necesaria, pero hay que fijarle metas y resultados.
El funcionamiento de «sindicatos», integrados por arrendatarios del mercado no tiene ninguna razón de ser, porque no tienen relación de dependencia tipo patronal con el alcalde o la municipalidad. Son simplemente inquilinos que deben observar las normas municipales. Los puestos o locales del mercado no deben ser subarrendados a terceras personas. Eso es ilegal y fraudulento, en perjuicio de los intereses del municipio. Como lo han advertido organizaciones y personas honorables de la ciudad, es urgente hacer un censo, para determinar quienes son los verdaderos inquilinos. A los subarrendatarios les conviene este procedimiento y a la municipalidad, por supuesto, para restablecer la autoridad y mejorar sus ingresos.
LA CIUDAD TAMBIí‰N necesita contar con una policía municipal de tránsito, bajo una reglamentación específica y con recursos humanos calificados, de manera que pueda ordenar el tránsito de vehículos, incluyendo motoristas y bicicleteros, quienes se han convertido en amenazas contra la integridad de las personas, porque se desplazan sobre banquetas, que son para transeúntes, o contra la vía.
Esta reglamentación debe ser transparente, para evitar que las multas de tránsito sean rebajadas o anuladas a capricho del alcalde o de funcionarios municipales, lo cual tiene además un efecto negativo en el ánimo de los agentes, quienes se sienten frustrados cuando ocurren estos hechos. Hay que evitar toda norma proclive a la discrecionalidad, y en cambio, que fortalezca la autoridad (en la aplicación rigurosa de la ley) frente a los pilotos infrascritos y abusivos.
EL TRANSPORTE PESADO tanto de carga como de turistas tendrá que ser abordado inmediatamente por la nueva administración municipal, para contener un mayor deterioro del empedrado, el cual se ha hundido por el peso, o se ha levantado por el uso incesante de estos automotores.
Si la Corte de Constitucionalidad amparó a los dueños del transporte pesado de carga, en 2005 no es para cruzarse de brazos, sino que hay que buscar una oportunidad para poner a prueba la conciencia social que se supone tienen estos empresarios, así como de los dueños de hoteles cinco estrellas, quienes traen gigantescas camionetas con turistas. Comparto totalmente con el alcalde electo de que las regulaciones al tránsito y las limitaciones para desplazarse en el centro histórico antigueño, pasan por dar solución de parqueo.
La Antigua Guatemala merece protegerse y conservarse como una ciudad viva, y para ello, autoridades ediles, vecinos y empresarios, deben actuar bajo la premisa del interés general, y no sólo del interés particular.