La muestra de que en Guatemala casi todo se trabaja de forma “chapucera” se manifiesta de forma palpable con la cuasi destrucción de los tramos carreteros asfaltados por empresas privadas de construcción con dudosa, escasa o ninguna reputación comercial.

Lo anterior es una verdad que fluye al observar las pésimas condiciones en que han quedado después del temporal lluvioso que sobre el paí­s se ha mantenido por lo menos desde hace ocho dí­as.
       No es necesario ser profesional de la ingenierí­a para darse cuenta de la mala calidad de los trabajos efectuados  y por ende presumir que no fueron construidas con la calidad que deberí­a haberse hecho. Las razones son varias: desde el repartimiento de porcentajes a los diputados, gobernadores, alcaldes, miembros de los Cocodes, lo cual deja al “constructor” con un pequeño margen de ganancia y por lo tanto, su inversión es la mí­nima en el sentido de calidad de materiales utilizados.
       DE HECHO y por las presunciones legales y humanas además de los indicios racionales de fraude o estafa en la construcción de las carreteras, es posible deducir las responsabilidades penales, civiles y administrativas a las personas que intervinieron en el proceso, desde la adjudicación de la obra hasta la entrega de la misma; es decir, a las personas individuales y jurí­dicas responsables en el manejo administrativo y técnico de los recursos del Estado (del pueblo).
       La competencia para investigar estos actos administrativos es exclusiva de las fiscalí­as de delitos administrativos del Ministerio Público, ya que vox pópuli se conocen los detalles, fechas y denuncias realizadas por los medios masivos de información pública. Con ello, se estarí­a sentando un precedente para que los “constructores” hagan bien su trabajo, porque de lo contrario se les deducirán las responsabilidades correspondientes.
       La sugerencia de la Contralorí­a General de Cuentas, respecto de la eliminación de adjudicaciones de construcción de obra pública a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), es la primera medida que el candidato presidencial ganador debe comprometerse a respaldar e impulsar con las acciones  legislativas y ejecutivas para la recuperación legal y formal
de la actividad del Estado y la consecución de sus fines sociales.
       Las tres instituciones nombradas (MP, Contralorí­a y Organismo Ejecutivo) PUEDEN y DEBEN hacer posible la recuperación de la DIGNIDAD del Estado, principiando con la designación y/o nombramiento de personas honradas y capaces para desarrollar el trabajo administrativo del nuevo Gobierno.
       El pueblo de Guatemala, con todos sus estratos económicos y sociales está en la fase de desesperación por la imbecilidad, ignorancia e inoperancia de las personas que fueron nombradas para dirigir los destinos del paí­s; y el resultado: CORRUPCIí“N en las instituciones gubernamentales con la campeante IMPUNIDAD para ministros, diputados, directores, funcionarios y/o empleados gubernamentales.