Las operaciones antinarcóticos serán trasladadas a Colombia, donde tres bases del Ejército acogerán a los militares estadounidenses, según un acuerdo que aún está siendo discutido en Bogotá.
Por lo pronto mañana despegarán por última vez desde Manta las naves con alta tecnología que por una década persiguieron vuelos de la mafia a lo ancho del Pacífico.
Después del 17 de julio «ya no habrá operativos y los únicos vuelos serán para retirar equipos. El personal se dedicará a empacar sus cosas», dijo Marta Youth, portavoz de la embajada de Washington.
La retirada estadounidense se completará el 18 de septiembre, según la Cancillería ecuatoriana.
De esa forma, Estados Unidos dejará un lugar que consideraba estratégico para combatir el narcotráfico después de que el presidente Correa se abstuviera de renovar el convenio que autorizaba las operaciones de militares estadounidenses en su territorio.
Sin embargo, el traslado de las operaciones a Colombia le permitirá asentar su presencia en un territorio amigo, situado entre Ecuador y Venezuela, cuyos gobiernos son duros críticos de la política externa estadounidense.
Correa notificó su decisión en julio de 2008 y ese mismo año logró la aprobación de una reforma constitucional que prohíbe la instalación de bases extranjeras en el país.
«Con el fin del convenio, el gobierno (…) deja sentadas las bases para que ningún gobierno, por ninguna razón, vuelva a conceder territorio nacional a fuerzas militares extranjeras», destacó el canciller Fánder Falconí.
El acuerdo sobre Manta fue suscrito en 1999 y permitía la presencia de hasta 450 efectivos estadounidenses en la base.
Ese puesto de operaciones conformaba junto con los de El Salvador y Curazao una suerte de trampa casi invisible que ideó Washington para cazar vuelos del narcotráfico.
La Casa Blanca -que siempre lamentó la decisión ecuatoriana aduciendo su impacto en la estrategia regional contra el narcotráfico- trasladará sus operaciones a Colombia en una fecha que aún no ha sido anunciada, según el ministro encargado de Defensa, general Freddy Padilla.
Los dos gobiernos afinan un acuerdo que prevé autorizar la presencia en Colombia de 800 militares y 600 contratistas estadounidenses. Washington ha aportado 5.500 millones de dólares para el Plan Colombia, una iniciativa contra las drogas y las guerrillas izquierdistas.
El puesto de avanzada en Manta ocupa el 5% de las 755 hectáreas que componen la base, y ha sido blanco de críticas de la izquierda de Colombia y Ecuador por su supuesto uso en el espionaje y combate a los rebeldes colombianos.
Allí, Estados Unidos podía estacionar hasta ocho aviones para el rastreo de naves y submarinos del narcotráfico. Las naves cubrían un área de 6.400 km sobre el Pacífico, desde Perú hasta Centroamérica.
Hasta octubre se habían decomisado unas 1.617 toneladas de drogas en operaciones coordinadas entre los puestos en Ecuador, Curazao y El Salvador, según cifras de la embajada de Estados Unidos.
Sin embargo, la lucha contra el narcotráfico se vio empañada por algunas polémicas actuaciones de los militares estadounidenses. En mayo, una comisión legislativa dio a conocer varias denuncias por violaciones a los derechos humanos que involucran a los efectivos.
«Tenemos una serie de testimonios y denuncias, incluso ya hay juicios penales en marcha, sobre violaciones de los derechos humanos contra pescadores y trabajadoras sexuales», dijo entonces a la AFP el legislador oficialista Marco Martínez, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores.