Varios senadores demócratas resucitaron hoy un proyecto de ley que otorgaría la residencia temporal y luego a jóvenes indocumentados que cumplen con ciertos requisitos, al celebrar la primera audiencia legislativa sobre la medida ante la presencia de centenares de personas.
El senador demócrata Dick Durbin presentó el proyecto de ley conocido como Dream Act y que es apoyado por otros 36 senadores, al cual consideró como una oportunidad para estos jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos por sus padres cuando eran menores.
La senadora demócrata Dianne Feinstein dijo que «llegó el momento de aprobar» el Dream Act porque «entre estos jóvenes están los mejores estudiantes de sus clases y los presidentes de la asociación de estudiantes». También se pronunciaron a favor sus copartidarios Patrick Leahy y Chuck Schumer.
El Dream Act contempla que algunos jóvenes nacidos en el extranjero se puedan convertir en residentes legales del país después de pasar dos años en la universidad o en las fuerzas armadas.
La iniciativa busca beneficiar a inmigrantes que tenían menos de 16 años al ingresar a Estados Unidos, que hayan vivido en el país al menos cinco años y tengan un diploma de alguna secundaria estadounidense o su equivalente.
La medida no recibió los votos necesarios en el Senado durante la sesión legislativa que terminó en diciembre, pese a que había sido aprobado en la cámara baja.
Las posibilidades de que el Congreso logre el Dream Act o una reforma migratoria integral ofrecida durante su campaña por el presidente Barack Obama son remotas ya que los republicanos tienen la mayoría en la cámara baja. Cuando los demócratas controlaban ambas cámaras en el periodo legislativo previo, tampoco lograron avance alguno en la materia.
El senador republicano John Conyers dijo durante la audiencia celebrada el martes por el subcomité de inmigración del senado que simpatiza con los jóvenes que se beneficiarían ya que ellos no tienen responsabilidad al haber sido traídos ilegalmente por sus padres a Estados Unidos cuando eran niños.
Pero dejó claro que se opone al proyecto de ley porque no «hace nada para resolver el sistema migratorio ineficiente, para mejorar la seguridad fronteriza o la estadía de personas con visas vencidas».
El presidente del comité judicial de la cámara baja, el republicano Lamar Smith, dijo en la víspera que la audiencia prevista sobre el Dream Act «muestra cuán desconectados están los demócratas de las prioridades de los estadounidenses».
«El Dream Act impediría a los estadounidenses obtener empleos ya que millones de inmigrantes ilegales podrán trabajar legalmente en Estados Unidos. Los estadounidenses no quieren un proyecto de ley para inmigrantes ilegales, quieren una oportunidad para volver a trabajar», expresó en un comunicado.
El secretario de Educación, Arne Duncan, uno de los interpelados en la audiencia, defendió al Dream Act como una herramienta para alcanzar la meta fijada por Obama de duplicar la proporción de graduados universitarios en 2020 y señaló que el proyecto de ley no es una amnistía migratoria, no restaría acceso de estadounidenses a préstamos educativos de gobierno federal y que no promovería mayor inmigración ilegal.
Hace dos meses, 22 senadores demócratas pidieron en una carta a Obama que use su poder discrecional para detener las deportaciones de jóvenes que se beneficiarían con el Dream Act.
La secretaria de seguridad nacional Janet Napolitano dijo al comparecer que «no tiene sentido» emplear sus recursos para deportar a estos jóvenes, pero reconoció que «mientras no haya otras opciones legales disponibles para que ajusten su estatus migratorio, serán parte de la población sujeta al cumplimiento de las reglas migratorias contenidas en la ley».
Obama prometió durante su campaña electoral una reformar las leyes de inmigración durante su primer año de gobierno, pero el hecho de que no haya ocurrido y la deportación sin precedentes de 393.000 personas en el 2010 le ha valido fuertes críticas entre los hispanos y los defensores de los inmigrantes.
El Congreso no ha podido dar una solución definitiva a los 12 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos.
El presidente George W. Bush promovió infructuosamente una reforma en 2007 pero fracasó ante las críticas de que era equivalente a una amnistía para los inmigrantes ilegales.